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Organizaciones de la sociedad civil guatemalteca han condenado la represión sufrida este jueves por campesinas y campesinos a manos del Gobierno y en la que murieron al menos seis personas.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, condenó este viernes la muerte de seis personas durante una protesta indígena en el departamento guatemalteco de Totonicapán y pidió el esclarecimiento de los hechos.

Insulza planteó "la urgente necesidad de esclarecer el origen de los enfrentamientos entre campesinos y miembros de la Policía Nacional Civil y el Ejército, como paso imprescindible para pacificar los ánimos y abrir paso al diálogo", señaló el comunicado.

Una manifestación de pobladores de Totonicapán (unos 170 km al oeste de la capital) que protestaban por el alza de las tarifas de la electricidad, el pasado jueves, acabó en tragedia cuando un grupo de soldados abrió fuego, sin que se conozcan las causas.

Seis indígenas murieron y más de 30 resultaron heridos.

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El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aceptó que miembros del Ejércit o dispararon el jueves en la manifestación en una carretera del oeste del país, en un suceso.

En una conferencia de prensa en una sede militar, Pérez Molina dijo que los soldados dispararon "al aire" y en defensa propia al verse agredidos por los manifestantes, y aseguró que los responsables han sido puestos a disposición de la justicia.

La versión oficial contrasta con la que dan los campesinos. "Nosotros estábamos protestando pacíficamente y el Ejército llegó con la Policía y nos disparó", afirmó a la AFP Miguel Tsuban, de 25 años, quien durante los disturbios resultó con un golpe en la frente, minutos antes de que autoridades del municipio le ordenaran no dar declaraciones a la prensa.

Miles de indígenas de 48 cantones del departamento de Totonicapán, unos 170 km al oeste de la capital, bloquearon el jueves varios tramos de la carretera interamericana para protestar contra el alza de las tarifas del servicio de energía eléctrica.

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La violenta represión que sufrieron pobladores de varias comunidades del occidental departamento de Totonicapán, que se pronunciaban contra el alto costo de la energía eléctrica entre otras demandas, ha desencadenado el repudio y rechazo de la sociedad civil que consideran se cometió un acto de represión y barbarie contra los pueblos indígenas.

Es lamentable este tipo de medidas que buscan acallar y detener una legítima organización, expresión comunitaria y popular, en demanda de aspectos básicos para la vida, afirmó la activista Rosalina Tuyuc.

Tuyuc consideró necesario deducir responsabilidades en torno al hecho, ya que no son aceptables las justificaciones que intentan tergiversar las verdad; está clara la posición del gobierno de reprimir la más mínima oposición y resistencia, señaló.

Por su parte el Consejo Político 13 Baktun hizo un llamado a las comunidades Maya, Xinka y Garifuna así como a la sociedad guatemalteca en general, para brindar apoyo a las comunidades y autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, que participaron en la protesta; no permitamos que regrese el pasado de represión, masacres y control militar sobre nuestras comunidades, subrayó la entidad.

El pasado jueves miles de pobladores de los 48 Cantones de Totonicapán realizaron una protesta pacífica, en el Km. 170 de la ruta interamericana, para mostrar su malestar por los cobros excesivos por parte de las distribuidoras de energía eléctrica, así como su rechazo al cambio de pensum en Magisterio y a las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, que consideran buscan beneficiar únicamente a la clase alta del país.

Lamentablemente pasadas las horas, elementos de la policía y del ejército comenzaron a agredir a los campesinos con bombas lacrimógenas y disparos de armas de fuego, lo que ocasionó la muerte a seis manifestantes y dejó heridos al menos a otros 30.

El Presidente de la República dijo, luego de los incidentes, que en el enfrentamiento ningún elemento de seguridad portaba armas de fuego, a pesar de que se había difundido una imagen donde un soldado apunta su arma contra los manifestantes; posteriormente el Mandatario se retractó y dijo "que únicamente" habían realizado disparos al aire.

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG) condenó estos hechos y expresó que el deber fundamental del Estado es garantizar la vida y seguridad física de las personas y ningún otro está por encima de éste; de igual manera exigió al Mandatario cumplir su promesa de deducir responsabilidades contra quienes usaron desmedidamente la fuerza.

Finalmente, la Convergencia Nacional exigió el retiro inmediato del ejército en todas las comunidades indígenas del país, ya que su presencia en los territorios representa la remilitarización y la expresión de un gobierno contrainsurgente, con lo que se revive la época del conflicto armando interno.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) condenó las muertes violentas ocurridas el pasado jueves en la cumbre de Alaska, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, así como los actos que provocaron varios heridos.

El OACNUDH expresó su solidaridad con las familias de todas las víctimas fatales y con las comunidades indígenas, particularmente con los 48 cantones de Totonicapán, con los cuales la Alta Comisionada se reunió en su visita a Guatemala en marzo de este año.

La entidad de las Naciones Unidas destacó como importante el ejercicio del derecho legítimo a la manifestación, el cual es un pilar fundamental de un Estado democrático y no puede conllevar como resultado la muerte de personas.

La Oficina del Alto Comisionado indicó que es necesario insistir en el diálogo como mecanismo para buscar vías de entendimiento que permitan avanzar en la solución efectiva de la problemática estructural que originó estas manifestaciones e hizo un llamado a las entidades estatales responsables a desarrollar las investigaciones correspondientes de manera pronta y efectiva.

Las autoridades deberán esclarecer los hechos, además de juzgar y sancionar a las personas que resulten responsables, advierte el comunicado.

Finalmente, el OACNUDH, en el marco de su mandato en el país, desplegó misiones al terreno y continuará observando esta situación para que se aplique debidamente la justicia y se garantice el respeto a la vida y la integridad física de todas las personas, particularmente en situaciones de conflictividad social.

Según medios nacionales, la Organización de Estados Americanos (OEA), también condenó la muerte de seis personas y pidió el esclarecimiento de los hechos.

José Miguel Insulza, secretario general de la entidad, planteó la urgente necesidad de esclarecer el origen de los enfrentamientos entre campesinos y miembros de la policía y el ejército, como un paso imprescindible para pacificar los ánimos y abrir paso al diálogo.