© Dubin/China FE Press Images/Amnesty InternationalGu Wenzhu, de 54 años, mostrando la foto de sus padres fallecidos en Beijing. Ella vino de Shanghai, su casa fue derribada por la fuerza por las autoridades locales. Su padre Gu Yatao, de 79 años, y su madre, Song Damei, de 80 años, fueron golpeados hasta la muerte por los trabajadores de demolición.
En los últimos dos años, los desalojos forzados han ido en ascenso, buscando despejar el camino para el desarrollo comercial en China, dijo el jueves la organización de derechos humanos, con sede en Londres.
"Los gobiernos locales prestan grandes sumas de dinero a los bancos estatales para financiar proyectos de estímulo y ahora dependen de la venta de tierras para cubrir los pagos", dándoles una justificación para desalojar a los residentes locales, dijo el grupo. Tanto los habitantes urbanos como rurales son blanco de ataques.
La práctica resulta en muertes, hostigamiento, golpizas, encarcelamientos y otras violaciones a los derechos de los ciudadanos chinos, dijo el grupo.
De los 40 desalojos forzados que analizó Amnistía, nueve resultaron en la muerte de personas que protestaban contra ellos. Por ejemplo, una mujer de 70 años, Wang Cuiyan, fue enterrada viva por una excavadora en marzo de 2010, cuando un equipo destruyó su casa en la ciudad de Wuhan.
Algunas personas, frente a tales presiones, incluso se prendieron fuego en protesta, afirmó Amnistía Internacional.
En un ejemplo reciente, un hogar perteneciente a una familia uigur en la región noroccidental de Xinjiang fue demolido para tomar sus tierras, luego de que la familia rechazara lo que consideraba una compensación insuficiente por parte de las autoridades locales. Radio Free Asia informó el viernes que la familia reclamó durante más de tres años en contra de estos planes.
"Les pedimos que valoraran justamente nuestra casa, pero no hicieron caso y simplemente arrasaron con ella", dijo a la emisora, Rebiya Yusup, cuyo hogar fue destruido. Más tarde se perdió el contacto que posiblemente fue detenido por la policía, dijo RFA.
Al mismo tiempo, el Partido Comunista Chino permite a las autoridades locales llevar a cabo los desalojos mediante su promoción, debido a que permiten lograr el crecimiento económico, incluso mediante el enfoque "cualquier medio es posible", dijo Amnistía.
"Es necesario poner fin a los incentivos políticos, ganancias de impuestos y avances profesionales que incentivan a los funcionarios locales a continuar con estas prácticas ilegales", manifestó Nicola Duckworth, investigador de Amnistía en un comunicado. También pidió al régimen chino que ponga fin a los desalojos.
Las autoridades no suelen consultar a los residentes locales, ni les proporcionan una vivienda, como exige el derecho internacional. La indemnización es a menudo inadecuada, mientras que los dirigentes tienen la posibilidad de ganar una fortuna vendiendo rápidamente la propiedad a los promotores de bienes raíces.
"Los gobiernos locales y promotores inmobiliarios frecuentemente contratan matones armados con barras de acero y cuchillos para los residentes más difíciles", dijo Amnistía, agregando que "la policía casi nunca investiga estos crímenes".
Amnistía citó un ejemplo de esto, diciendo que en 2011, la policía de un pueblo de la provincia de Jiangsu, atacó a los agricultores para obligarlos a irse de sus tierras. Cerca de 20 mujeres fueron golpeadas y trasladadas lejos del pueblo.
Material audiovisual de Amnistía Internacional, Standing Their Ground, sobre desalojos forzados. (ADVERTENCIA: Las imágenes son de violencia extrema y pueden afectar la sensibilidad)
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