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Los casos de corrupción han copado todos los niveles de la Administración, y las investigaciones alcanzan incluso a quienes fueron miembros del Gobierno, dirigentes autonómicos, varios alcaldes y responsables municipales.
En las Cortes Valencianas hay nueve diputados del PP en activo (Partido Popular, actualmente en el poder) con imputación formales por casos de corrupción, y medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder investigados por la Justicia, entre ellos los alcaldes de Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. En Galicia están imputados alrededor de una docena de sus alcaldes.
También se estudia la gestión de numerosas entidades financieras como Bankia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que contaban con políticos en sus Consejos de Administración.
Baleares tiene el récord de corrupción con alrededor de un centenar de casos abiertos entre cargos y exaltos cargos públicos. Los casos más destacados son las irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin (yerno del rey de España) y el caso Over Marketing, en el que está implicado el popular Pere Rotger.
Después de la comunidad autónoma de Baleares está el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas.
La mayoría de los gobernadores vinculados a casos de corrupción están siendo investigados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, la mayoría relacionados con delitos urbanísticos.
Hasta una decena de los regidores en los municipios de Canarias están imputados en diferentes casos judiciales.
La Comunidad de Madrid tiene un importante caso de corrupción abierto, Gürtel, que ha salpicado a cuatro alcaldes de la comunidad y tres exdiputados autonómicos, además de al exalcalde de Getafe y exalcalde de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.
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