Sigue el show para criminalizar a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y generar rechazo a las protestas sociales. El Ejecutivo estudia asignar una vigilancia especial, a modo de escolta, a algunos dirigentes políticos del PP y los cargos públicos que han sufrido escraches por apoyar el terrorismo financiero.
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Así lo reconocieron fuentes gubernamentales, preocupadas por las protestas que han sufrido altos cargos del PP como Esteban González Pons o los diputados Antonio Gallego y Carmen Maniega. Por ello, se plantea asignar una vigilancia temporal mientras dure la presión en las calles. Varios de los políticos afectados ya han presentado denuncias ante la Policía.

Se trata de una protección personal para evitar que se repitan los escraches y, de paso, dar un paso más en la campaña de criminalización contra la PAH, insertándola ahora dentro de la lógica del espectáculo, con instantáneas, caso de finalmente llevarse a cabo el hecho, que evocarán, en la mente del espectador que pueda verlas posteriormente en las noticias que emitan en la televisión, situaciones de alta peligrosidad, y darán papel de víctimas de la violencia a quienes, en realidad, son verdugos, a quienes, por ejemplo, ya han anunciado que rechazarán la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de la PAH y que, en consecuencia, volverán a legislar en favor de los intereses del terrorismo financiero y contra el pueblo.

No es una estrategia para defender a los políticos del PP de nada ni de nadie, es un producto mediático listo para ser cocinado en las cloacas del estado y servido al espectador como plato principal de su menú diario de "sociedad del espectáculo".

En el Partido Popular se asume esta posibilidad, que podría suponer incluso la asignación de una escolta a los dirigentes más destacados y conocidos, como los vicesecretarios generales Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons, que hasta ahora no tienen protección específica.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sí cuenta hace tiempo con escolta como 'número dos' de los populares y especialmente desde que ganó las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha y ostenta la Presidencia de la Junta.

El dispositivo que se plantea el Ministerio del Interior contempla una vigilancia distinta a la escolta habitual que tienen los cargos políticos, como los miembros del Gobierno. Se considera que la amenaza actual es diferente y, por lo tanto, se retiraría cuando desaparecieran las circunstancias actuales.

En este sentido, fuentes del Partido Popular han asegurado que la medida está encima de la mesa ante la tensión creciente que se está produciendo en las calles. Lo que no ha dicho, claro, es que esa tensión lleva presente en la vida de muchas personas desde hace mucho tiempo, y a ellos nadie les pondrá ninguna defensa contra los abusos del sistema, todo lo contrario. Le echarán la pierna encima para terminar de hundirlos, como demuestra el rechazo a la ILP. Y por seguir con la estafa que siguen crisis, como si tal cosa.
"Contra los ciudadanos honrados que solo han dejado de pagar la hipoteca porque se han quedado en el paro, contra éstos envían todas las fuerzas del orden y el peso de la ley."
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La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha lamentado este viernes que la Secretaría de Estado de Seguridad pida que se identifique a las personas que participen en el señalamiento público a políticos que protagonizan los desahuciados, y no envíen a la policía a identificar o detener en casos de corrupción "gravísimos".

En una entrevista de Ràdio 4 recogida, Colau ha valorado: "Hay casos de corrupción gravísimos, hay acoso y hostigamiento de las entidades financieras contra las personas más vulnerables y aquí en ningún caso se ha enviado a la policía a identificar ni se han hecho detenciones". En este sentido, ha criticado que en cambio "contra los ciudadanos honrados que solo han dejado de pagar la hipoteca porque no pueden, porque se han quedado en el paro, contra éstos envían todas las fuerzas del orden y el peso de la ley".

Colau ha hecho estas afirmaciones después de que la Secretaría de Estado de Seguridad haya hecho llegar a las comisarías por medio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional una instrucción en la que se ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos.