Los manifestantes, que hicieron recordar multitudinarias concentraciones del pasado año en el mismo lugar, repudiaron el proyecto de ley con el cual se pretende dar derecho a jubilación a legisladores que cumplan apenas 10 años en el cargo.
También exigieron la aprobación de la mejoría del transporte urbano mediante la instalación del Metrobus, a pesar de la oposición de los propietarios de los envejecidos ómnibus ahora circulantes, por cierto algunos de los cuales son propiedad de los congresistas.
Pero lo más importante de la movilización es que un acuerdo de las entidades sociales participantes, sin influencia de partido político alguno, fue la decisión ahora expresada de presionar a diputados y senadores para la aprobación de leyes populares.
Para ello, llamaran a pronunciarse cuantas veces sea necesario en la misma Plaza de Armas frente al Congreso con el apoyo de la población, sin distingo de militancias políticas.
Ese empeño cobra especial significación apenas a ocho días de que se instale el nuevo Parlamento resultado de las elecciones del pasado 21 de abril, aunque todavía con la presencia en él de una buena parte de los integrantes salientes del órgano legislativo.
Los indignados aclararon que sus exigencias serán principalmente para los congresistas, pero tienen también puesta la mira en los denunciados escándalos de corrupción de los poderes Judicial y Ejecutivo.
La firmeza de la posición del sector de la sociedad dispuesto a expresarse la señaló Rosa Vacchetta, del movimiento Poder Ciudadano, quien explicó que la presencia del pueblo en la plaza es advertencia al nuevo Congreso y al presidente electo, Horacio Cartes.
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