Medio millón de mujeres han sido agredidas sexualmente en el marco del conflicto armado en la última década Yolanda Perea es la voz tras la cifra.

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Yolanda Perea, víctima de la violencia sexual de la guerrilla colombiana, y Diana Arango, coordinadora de la campaña 'Violaciones y otras violencias'.
Jineth Bedoya, periodista de El Tiempo, uno de los diarios de mayor circulación de Colombia, fue secuestrada y violada mientras investigaba un caso de corrupción en una de las cárceles de Bogotá. Esto pasó en 2000. Después de 13 años, el único avance en la investigación ha sido la vinculación al caso de dos sospechosos. Nada más. Si la agresión que sufrió esta mujer con recursos y medios sigue impune, ¿qué estará ocurriendo en las zonas más apartadas, en los territorios dominados históricamente por la guerrilla, sobre la población más vulnerable?

Los datos hablan. En el proceso de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de los paramilitares en 2005, sólo este grupo reconoció en audiencia pública 1.010 casos de violencia sexual, 943 a mujeres, 63 de ellos están siendo investigados hoy por la Fiscalía. En siete años, sólo tres personas han sido condenadas. Son las cifras que maneja Diana Arango, coordinadora de la campaña Violaciones y otra violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra, que lidera Intermon Oxfam y otras 10 organizaciones, que esta semana ha recalado en España para "sensibilizar sobre el conflicto armado en Colombia".

En el marco del conflicto armado -esa forma de llamar la amalgama de intereses y terror que desde los años 60 mueven el Gobierno colombiano, las guerrillas de extrema izquierda, los paramilitares de extrema derecha y los narcos-, desde 2001 a 2010 489.000 mujeres sufrieron, según los datos de Intermon, algún tipo de violencia sexual ejercida, precisa Arango, "por todos los actores: guerrilla, paramilitares y las propias fuerzas del Estado". Y pese a la magnitud, la cifra, que sube especialmente en las comunidades indígenas y la población afrocolombiana, pasa a un segundo plano cuando se hace balance de lo que ha dejado tras de sí medio siglo de insurgencia en el extremo norte de Suramérica. "Muchas personas no sabían que en Colombia existía la violencia sexual como arma de guerra, porque se asocia sólo a África", explica esta activista sobre la intención de una campaña que busca "cómplices" que alcen la voz contra esta forma de agresión a la mujer. Hillary Clinton, como secretaria de Estado de EEUU, y España han presionado para que Colombia tome en serio este asunto.

"A pesar de que la guerrilla y el Gobierno están en un proceso de diálogo, hay reductos que no se han desmovilizado", aclara Arango sobre la realidad de su país. El supuesto proceso de desmovilización de los paramilitares bajo el Gobierno de Álvaro Uribe derivó en la activación de "unos grupos armados que ahora el Gobierno los denomina bandas criminales pero que la sociedad civil los considera neoparamilitares, con siete grupos principales: los rastrojos, los urabeños, los águilas negras... que están generando nuevos focos de violencia, y especialmente contra las mujeres", explica Arango.
"Los rastrojos y los urabeños tienen negocios de tráfico de menores en redes de prostitución interna. Por ejemplo, las trasladan, de viernes a lunes, desde la ciudad de Medellín a zonas apartadas donde hay minería para que sirvan a los obreros. Son niñas prostitutas, las engañan, las explotan y no les dan un peso. Ésa es una de las múltiples formas que estamos viendo. Se sigue presentando el reclutamiento obligado de mujeres, como correos humanos, la violencia como venganza contra el bando contrario... El Gobierno llama a estos casos criminalidad común pero nosotros entendemos que es una metamorfosis del conflicto armado", argumenta.
Pese a que en Colombia el marco legislativo es uno de los más avanzados en este aspecto de toda Latinoamérica, la realidad es que "el Gobierno no dota de medios para la atención efectiva a estas víctimas, para que tengan acceso a justicia, atención psicológica y a una reparación integral. Hay una gran brecha entre lo que dice la ley y lo que se hace".

Reuniones con el intergrupo de Derechos Humanos del Congreso, con la Agencia Española para la Cooperación para el Desarrollo y con el Ministerio de Exteriores, además de actos en Barcelona, Madrid, Jerez o Sevilla, han salpicado la agenda de Arango y de Yolanda Perea, esta última el rostro de una crónica espeluznante que está detrás de la estadística.

Fue violada por un "actor armado", por seguridad, omite la procedencia del grupo que le segó la infancia con 11 años, en 1997, en el departamento del Chocó. Su madre se encaró con los líderes locales de este grupo y a las pocas semanas fue asesinada. Al poco su hermano fue reclutado por la guerrilla con 14 años. Un rosario de desplazamientos por casas de familiares por ciudades y pueblos marcan la vida de Yolanda, que cree salvarse de sus propios fantasmas cuando se casa con "un hombre bueno". Sin embargo, su mente frágil y las heridas abiertas le hacían confundir, en la intimidad del hogar, a su marido con el criminal que la violó. "Para que puedas denunciar tienes que hacer antes un enorme trabajo psicológico, sobre todo para darte cuenta de que tú no tuviste la culpa de nada de lo que pasó. Mi abuelito siempre me culpó de que si yo no le hubiera dicho a mi madre que fui violada, ella seguiría viva", relata esta mujer luchadora que en 2011, y ya convertida en activista de la Ruta Pacífica de las Mujeres -un grupo que trabaja para la visibilización de los efectos del conflicto- fue amenazada de muerte. "No metas tus narices en esto, por 12.000 pesos podemos mandar a matar a alguien", le avisaron. Cinco euros es el precio de una vida.