© EFE/ArchivoEl ombudsman de El Salvador, David Morales.
Morales, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, hizo este llamamiento en la conmemoración del 32 aniversario de esa masacre, que tuvo lugar el 22 de agosto de 1982 en la comunidad Amatitán Abajo, municipio de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente (centro), durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
La Fiscalía General de la República (FGR) y los tribunales competentes deben "cumplir con su obligación en materia de investigación" en este caso, indicó a los periodistas Morales durante el acto conmemorativo, que se llevó a cabo en el lugar de los hechos.
Morales aseguró que la matanza de El Calabozo, en la que más de 300 personas fueron asesinadas por militares del Batallón Atlacatl, "está demostrada judicialmente".
"Sin embargo, con los años los fiscales responsables y los jueces que conocieron de los casos se negaron a seguir adelante la investigación, han bloqueado el acceso a la justicia", enfatizó.
Morales destacó que este tipo de violaciones "no admiten amnistía y no admiten prescripción".
El procurador explicó que por tal razón familiares de víctimas y sobrevivientes presentaron en el 2010 un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que "reabra por medio de sentencias las investigaciones".
Pero "hasta el momento no tenemos ninguna sentencia", lamentó, por lo que llamó a la Sala de lo Constitucional a dictar cuanto antes un fallo para que se reabran las investigaciones.
Las víctimas de esta masacre, junto a organizaciones humanitarias, interpusieron en 1992 por primera vez su caso ante las autoridades correspondientes para obtener justicia, pero fue cerrado en varias ocasiones, la última en 2006.
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