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Manama - Un tribunal de Bahrein ratificó la condena a 10 años de cárcel al fotorreportero Ahmad Humaidan por participar en una manifestación contra policías en 2012, mientras las autoridades extendieron hoy el arresto de una activista opositora. La oposición chiita denunció que la Corte Suprema de Apelaciones desestimó el recurso presentado por la defensa de Humaidan, quien está en prisión desde diciembre de 2012 luego de que el gobierno lo identificó como uno de los atacantes a una estación de policías en abril de ese año.

El periodista de 25 años de edad alegó que daba cobertura a las revueltas callejeras de abril de 2012 en la localidad de Sitra protagonizadas amplios sectores chiitas, la confesión musulmana mayoritaria en este reino árabe del golfo Pérsico.

Sin embargo, la policía lo señaló como uno de los inconformes que reclamaron reformas democráticas y la caída de la monarquía Al-Khalifa, a la cual los opositores acusan de marginar a los chiitas y de responder básicamente a intereses de la minoritaria población sunnita bahreiní.

El fallo del citado tribunal dictó penas de 10 años de cárcel para otros 26 procesados por aquellos incidentes, mientras otros tres recibieron sentencias de tres años de prisión y tres más quedaron absueltos.

Grupos defensores de los derechos humanos y líderes de la Sociedad Islámica Al-Wefaq, que aglutina a agrupaciones chiitas antigubernamentales, calificaron de "indignante" la decisión judicial y la actitud de la policía contra la opositora Maryam Al-Khawaja.

Al-Kahwaja, codirectora del Centro para los Derechos Humanos de Bahrein, está en prisión preventiva desde el sábado pasado cuando al llegar al aeropuerto internacional de Manama le fue vetada la entrada a su país y luego de concederle un visado, la decretaron arresto durante una semana.

La joven activista viajó para visitar a su padre, Abdulhadi Al-Khawaja, también reconocido por su posición crítica y desafiante a la dinastía Al Khalifa y que cumple una condena de cadena perpetua por complots para derrocar a la monarquía.

Sin embargo, al llegar al país, la activista fue informada de que su ciudadanía había sido revocada, pese a que tanto ella como su progenitor, de 54 años, poseían la bahreiní y la danesa, según explicó su abogado Mohammed al-Jishi.