De temer: el alcalde José Luis Abarca y María de los Angeles Pineda hoy están prófugos.
Hay historias que son reales, pero que parecen sacadas de un guión de Hollywood. Durante los últimos días, la Procuraduría General de la República de México ha comenzado a entregar los primeros datos que dan para comenzar a construir qué fue lo que finalmente pasó con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace justo un mes. Y la primera versión oficial muestra el papel determinante del alcalde de la ciudad José Luis Abarca y su mujer, María de los Angeles Pineda. Hoy, literalmente, a ambos se los tragó la Tierra, y están prófugos.
Según los datos que se entregan de forma oficial, la historia de la desaparición de los 43 estudiantes se fraguó poco antes de la noche del viernes 26 de septiembre. Todo comienza con las ambiciones de poder de la mujer. Ella, María de los Angeles, hija y hermana de narcotraficantes y que dirigía desde las penumbras al cartel Guerreros Unidos -una escisión del cartel de los Beltrán Leyva- en Iguala, buscaba algo más. La alcaldía. Su marido la dirigía, pero ella ya había decidido ser la candidata a sucederlo en 2015. Había logrado ser elegida consejera del izquierdista Partido Revolución Democrática (PRD), considerado la segunda fuerza de México y ya tenía un puesto a su pinta al interior de la administración de su marido.
Su sed de poder no tenía límites. Para ese viernes 26 de septiembre tenía todo programado para su acto de proclamación como candidata a la alcaldía de Iguala, en el zócalo de la ciudad que el mismo Abarca había mandado a construir tiempo atrás. Tenía todo para ganar: el apoyo familiar, de su partido, y este otro poder en las tinieblas de los Guerreros Unidos.
Aparte de tener al menos 30 familiares directos -entre hermanos, cuñados, primos y tíos- trabajando en la alcaldía, este grupo de narcotraficantes penetró a tal medida al interior del municipio, que eran ellos mismos los que elegían a los policías de Iguala. Los sicarios del grupo narco se paseaban como agentes con uniformes por las calles de la ciudad. Con este cuadro, difícilmente podría perder elección alguna. Estaba todo listo... pero no contó con algo y que finalmente los hizo caer a todos.
"Jefe, qué hacemos con ellos"
Según informó la Procuraduría mexicana, el alcalde Abarca llevaba a cuestas desde 2013 un conflicto con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Ellos acusaban al edil de Iguala de la tortura y asesinato de un líder rural famoso en la zona. El año pasado ya habían atacado con piedras su municipalidad, por lo que estaba sobreaviso.
Entonces, fue ese día viernes 26 de septiembre que unos sicarios y narcos alertaron a la policía municipal de Iguala -controlada por los mismos sicarios y narcos- que un grupo de estudiantes iría a funar el acto que tanto esperaba su esposa, su proclamación como candidata. Al momento que se enteró el alcalde Abarca de las intenciones de los jóvenes, dio la orden de que se impidiera a toda costa su avance hacia la ciudad. Nadie podía aguarle la fiesta de María de los Angeles.
Ya alertados, la "policía" los esperó antes de la entrada. Por si acaso, había pedido refuerzos a la policía de la vecina ciudad de Cocula -que también está en manos del narco- por si la cosa se salía de las manos. Se desata el caos. Con una furia digna de los narcotraficantes mexicanos, la Procuraduría informó que la policía abrió fuego contra los buses de los estudiantes, matando a dos. Luego en la carretera federal, asesinaron a otras tres personas, incluido un niño de 15 años que fue confundido. Además, decenas de estudiantes fueron detenidos y llevados a la comisaría de Iguala. Para borrar evidencias, los estudiantes fueron trasladados hacia la policía de Cocula, donde finalmente se los entregaron a los narcos de los Guerreros Unidos. Sidronio Casarrubias Salgado, el líder de los narcos, dio la orden de eliminarlos.
La suerte estaba echada. A los estudiantes los subieron después a un camión de ganado y los llevaron a una casa, que es propiedad del narco llamado "El Cabo Gil". Está ubicada en la zona conocida como Pueblo Viejo, en Iguala. Se llega a ella por una carretera que se llama Avenida Jardín. La casa tiene aproximadamente 500 metros cuadrados, cuenta con varios dormitorios y siempre ha estado vacía.
En su entrada había una moto y tres vehículos, uno de ellos es el camión que según la Procuraduría fue utilizado para transportar a los estudiantes.
Cerca de ahí, la Policía Federal ha descubierto al menos 30 cadáveres en nueve fosas pero hasta el momento ninguna correspondería a los jóvenes según los exámenes que se realizaron. Sin embargo se espera el análisis de expertos forenses extranjeros. Acá ya nadie confía en nadie.
El CV de Pineda y las disculpas del PRD
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México ha ahondado y, de paso, explicado la crisis institucional que vive México debido al narcotráfico.
El mismo PRD tuvo que salir a pedir disculpas respecto del apoyo entregado a Abarca y Pineda. Según las investigaciones de la Procuraduría, el matrimonio Abarca-Pineda entregaba mensualmente unos US$ 300 mil a Guerreros Unidos para financiarlos y contar con su apoyo.
Pero más allá de las implicancias del alcalde en las desaparición del alcalde -él viene de una familia que por décadas comercializó oro hasta amasar una gran fortuna-, sorprende aún más la de su mujer, María de los Angeles. Ella proviene de una familia con estrechos nexos con narcotraficantes.
En 2009, la Policía Federal presentó a 14 detenidos que estaban relacionados con el cartel de los Beltrán Leyva. Entre ellos estaban Salomón Pineda Bermúdez y María Leonor Villa, los padres de la fugada "primera dama" de Iguala.
No suficiente, el mismo 26 de septiembre caía Salomón Pineda, alias "El Molón", hermano de la ahora ex candidata a alcaldesa, por integrar Guerreros Unidos.
Cuatro detenidos por desapariciones
Las autoridades mexicanas lograron anoche un avance significativo en las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, al detener a cuatro presuntos autores materiales en un día en que los familiares de los jóvenes marcharon para exigir su aparición inmediata. El fiscal mexicano Jesús Murillo anunció que dos de los detenidos confesaron que "recibieron a un amplio grupo de personas", mientras que los otros dos confesaron haber participado como guardias la noche del 26 de septiembre y "sus declaraciones son coincidentes" con lo dicho por los primeros.
En este momento, la Procuraduría General de la República busca "evidencias para corroborar lo dicho por los detenidos" en el lugar "en el que se plantea sucedieron los hechos relacionados con la desaparición", apuntó.
Los cuatro detenidos, miembros del cartel Guerreros Unidos, están prestando declaraciones en la Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada "y, dado el sigilo que requiere la investigación, nos reservamos el nombre de estas personas", abundó Murillo.
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