El pasado 19 de enero, el fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, fue hallado muerto en su apartamento, sin que los jueces de instrucción hayan podido establecer si la causa de su muerte fue un asesinato o un suicidio.
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El atentado contra la AMIA, que se cobró 85 vidas, fue el mayor en la historia de Argentina.
Las autoridades acusaron a varios funcionarios iraníes de estar implicados en el atentado, incluido el expresidente de Irán, Akbar Hashemí Rafsanyaní.
Antes de su muerte, Nisman denunció públicamente a la presidenta Cristina Fernández, así como al canciller Héctor Timerman, de conspirar para "garantizar la impunidad" de los iraníes, acusados por Argentina de estar implicados en el atentado.
"Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político desestabilizador?", señala el comunicado gubernamental, reproducido en los principales diarios argentinos.
Al mismo tiempo, las autoridades argentinas confirmaron su respaldo a la investigación del atentado.
"El atentado a la sede de la AMIA constituye uno de los crímenes más dolorosos de nuestra historia reciente. (...) Se reafirma el compromiso del Gobierno argentino en la búsqueda de verdad y justicia", concluye la nota.
Comentario: Se hace más y más evidente que las intenciones de Nisman eran las de crear una nube de confusión desde la que se pudiese lanzar acusaciones contra el Gobierno argentino. Más allá, los grupos detrás de estas intenciones nunca dejan de considerar cualquier posible uso de una persona, lo que nos hace pensar acerca de las implicaciones y origen de su muerte.
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