La empresa italiana Hacking Team, conocida por su capacidad a la hora de robar contraseñas, realizar escuchas y manipular remotamente equipos infectados, ha sufrido un ataque informático que ha dejado a la luz su relación activa con al menos 14 instancias gubernamentales de México.
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"Se confirma que en México el Gobierno espía a sus ciudadanos de manera incontrolada, gastando cantidades de dinero desorbitadas y existe una poca o nula transparencia respecto a la utilización de este tipo de herramientas y su contratación", ha declarado Luis Fernando García, director de la asociación civil Red en Defensa de los Derechos Digitales, informa El Economista.

El pasado lunes un grupo de piratas desconocidos publicaron a través de un archivo 'torrent' de más de 400 gigas el contenido de una serie de correos electrónicos, el código fuente de varias de sus herramientas y otros documentos confidenciales de la compañía Hacking Team, creadora de un programa espía conocido como DaVinci o Galileo entre otros.

Hasta 14 instituciones federales y estatales mexicanas que, directamente o a través de terceros, habrían contratado los servicios de la citada firma estarían implicadas: los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del estado de México, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y los gobiernos de los estados de Durango, Querétaro, Puebla, Campeche, Tamaulipas, Yucatán y Baja California.

Según la información filtrada, México es el principal cliente de Hacking Team al haberle abonado 5.808.875 euros. Asimismo, entre los principales clientes se encontraría la Secretaría de Gobernación - a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) - tras pagar 1.390.000 euros.

"Representan un indicio de actividades que podrían ser calificadas como ilegales en la cuestión de espionaje en contra de la ciudadanía por parte de agencias que no tienen facultades constitucionales y legales para ello", afirma García.