La cadena de ataques terroristas sin precedentes en magnitud y propagación en los últimos tiempos obtuvo una respuesta inequívoca de unidad en la sociedad rusa.

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Más allá de la operación militar de Rusia en Siria -por solicitud del presidente Bashar Al Assad- la constatación de que fue un atentado la causa de la catástrofe del avión civil ruso A321, en Sinaí, con 224 personas a bordo, y la serie de ataques en París, el 13 de noviembre, generaron una alarma de inseguridad.

El martes último, el Servicio Federal de Seguridad confirmó que una explosión por una bomba hizo estallar la nave comercial en pleno vuelo. Murieron 217 pasajeros, entre ellos 25 niños, y siete tripulantes.

Durante las coordinaciones de las tareas de la aviación estratégica en Siria con el alto mando castrense, el presidente Vladimir Putin expresó que el derribo del avión A321 fue uno de los crímenes más horrendos que padeció Rusia, y prometió que combatiría el terrorismo sin perder tiempo, aunque con apego a la política nacional y el derecho internacional.

Por primera vez desde las operaciones de las fuerzas aeroespaciales iniciadas el 30 de septiembre, Rusia empleó los bombarderos estratégicos de alcance remoto TU-22M3, los portamisiles TU-160 y TU-95MS, en una nueva fase superior de precisión en las abatidas a las posiciones terroristas en territorio sirio.

En Moscú, diputados y senadores conciliaron con representantes de la sociedad civil un nuevo marco legal que provea de legitimidad las acciones de los organismos institucionales en la lucha frontal contra el terrorismo.

La presidenta del Consejo de la Federación (Senado), Valentina Matvienko, opinó tras los acontecimientos recientes que no podía existir tolerancia de ningún tipo con los terroristas.

Con la anuencia de los partidos políticos representados en el Parlamento y líderes religiosos, el Senado y la Duma estatal adoptaron el viernes una resolución conjunta en la que se comprometen a un endurecimiento de la legislación antiterrorista, desde la comisión del delito, el financiamiento, apología y propaganda al terrorismo, hasta el reclutamiento de miembros.

Acentuaron los legisladores en la necesidad de redoblar las medidas de seguridad a la ciudadanía durante actividades masivas, en el transporte público y sitios de multitud.

Instaron asimismo a conciliar medidas entre las distintas instituciones de la sociedad civil, los grupos confesionales y los sujetos federales (regiones) en la prevención de todas las formas de extremismo y la lucha por la erradicación de sus raíces económicas, sociales e ideológicas.

Otras iniciativas como la suspensión de la moratoria de Rusia a la pena de muerte fueron planteadas en la sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento ante lo que supone la amenaza de primer orden para la humanidad, sin excepción.

La titular del Senado, Valentina Matvienko, observó, sin embargo, que la reclusión perpetua era un castigo suficiente para los terroristas.

El portavoz del Kremlin Dmitri Peskov comentó al respecto que el presidente Vladimir Putin no hizo pronunciamiento diferente a la moratoria vigente, que fue ratificada hace cinco años por el Tribunal Constitucional.

No halló consenso tampoco la propuesta de revocar la ciudadanía rusa a los condenados por terrorismo. Según la dirigente parlamentaria, tal propuesta riñe con las disposiciones de la Constitución.

En contraste, los legisladores rusos concordaron en la necesidad de crear un Tribunal Internacional, como el de Núremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, para juzgar los crimines terroristas, bajo la égida del Consejo de Seguridad de la ONU.

A juicio de la titular del comité parlamentario de seguridad y anticorrupción, Irina Yarovaya, el mensaje de Rusia no es un llamamiento por sí solo, sino un plan de acciones ante el reflejo de una amenaza terrorista global, en interés de los pueblos y los países.