PARÍS (EFE).- Francia ha impedido la entrada en su territorio a "cerca de 1.000 personas" desde el restablecimiento de los controles fronterizos por la cumbre sobre el cambio climático, reforzados tras los atentados de París del pasado 13 de noviembre.

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“Necesitamos al Estado para que nos proteja del caos. Pero, sin control, todo Estado es un Leviatán que puede devorarnos”, observaba Hobbes. Las nuevas leyes antiterroristas francesas supuestamente tratan de adaptar la legislación a las nuevas formas de reclutamiento de terroristas. Pero el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, aprovecha la coyuntura para imponer la adopción de disposiciones que violan el derecho constitucional a la libertad de expresión.
La cifra la facilitó hoy el ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve, que durante una visita al puesto fronterizo con Alemania del Puente de Europa en Estrasburgo, explicó que "se ha impedido la entrada en el territorio nacional a cerca de mil personas por el riesgo que podían representar."

Cazeneuve señaló, en declaraciones a los medios, que los terroristas que perpetraron los ataques hace dos semanas en la capital francesa "podrían haber obtenido armas con traficantes de Alemania".

"Eso muestra -subrayó- la necesidad de una acción resuelta de los servicios secretos, de las policías y de los gobiernos" europeos.

Unos 8,000 agentes de las fuerzas del orden francesas están dedicados a la vigilancia de las fronteras desde que el pasado día 13 por la mañana se restablecieron los controles con otros países europeos, para prevenir la entrada de personas que pudieran amenazar la seguridad de la cumbre sobre el cambio climático.

Esa medida, que fue reforzada horas después por los atentados de París, debía en principio mantenerse durante un mes, pero Cazeneuve ha advertido de que podría prolongarse más todavía.

Dos centenares de pasos terrestres a los países vecinos son objeto de vigilancia con controles aleatorios, a lo que se añaden puertos y aeropuertos.

En virtud del estado de emergencia en vigor desde los ataques yihadistas, se han prohibido las manifestaciones, una medida que el Gobierno ha justificado por las dificultades para poder garantizar la seguridad en las condiciones actuales.

Eso significa, en particular, que han quedado impedidas las múltiples marchas y protestas que se proyectaban coincidiendo con la cumbre del cambio climático que oficialmente se va a celebrar desde el lunes y hasta el 11 de diciembre, y que hará coincidir el primer día a unos 150 jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.

Algunos colectivos se han resistido a aceptar totalmente esas prohibiciones, y así por ejemplo unas 300 personas participan en una marcha en bicicleta desde Nantes a París.

Se trata de un colectivo de oponentes al proyecto de aeropuerto de Notre Dame des Landes, en las afueras de Nantes, que esta mañana se encontraban en las proximidades de Versalles, a una veintena de kilómetros de la capital francesa.

El director general de Greenpeace Francia, Jean François Julliard, es uno de los que se han quejado de un uso que considera abusivo y desvirtuado de las restricciones para manifestarse.

"Nos parece -argumentó Julliard, en declaraciones a "BFM TV", que el gobierno utiliza como pretexto este estado de urgencia (...) para acallar todas las críticas."