© dw-worldInterpeace recomienda promover programas de inserción y reinserción social para quienes pertenecen o pertenecieron a una "mara" o pandilla.
Estas pandillas juveniles violentas no son sólo resultado de décadas de conflictos armados internos, especialmente en naciones como Guatemala, El Salvador y Honduras, que conforman el altamente inseguro "Triángulo Norte de Centroamérica". Las maras son además una consecuencia (y no la única) de políticas públicas represivas, inefectivas para enfrentar las causas estructurales de la violencia social, dijo a Deutsche Welle Isabel Aguilar, directora del Programa de Juventud de Interpeace para Centroamérica.
No sólo las maras...
La prensa y las autoridades policiales asocian las altas tasas de homicios y otros crímenes con la presencia de maras y pandillas en el "Triángulo Norte", donde operan las organizaciones más fuertes: "Salvatrucha" y "Mara 18".
Éstas practican, en efecto, hechos violentos como la extorsión, el sicariato, el "narcomenudeo". Pero la "débil investigación criminal" y la impunidad del 98 por ciento de los delitos encubre además la acción de otras organizaciones del crimen organizado en la región, explica Aguilar.
Las maras son grupos asociativos juveniles conformados, en principio, para reforzar lazos de seguridad e identidad de adolescentes que sufren problemas sociales relacionados con la pobreza. Muchos provienen de entornos familiares violentos, carecen de oportunidades educativas, sufren el abandono de padres migrantes o la propia migración en condiciones precarias, subraya la activista de Interpeace.
A diferencia de las motivaciones altamente lucrativas de otras organizaciones del crimen organizado, no es inusual que las maras destinen el dinero obtenido en robos y extorsiones a auxiliar a familiares y compañeros en aprietos (madres solteras, viudas, huérfanos, prisioneros). Así lo muestran investigaciones de Interpeace. Los vínculos entre maras y crimen organizado existen, mas han sido poco aclarados, insiste Aguilar.
© dw-worldInterpeace sugiere agilizar procesos penales, priorizar sanciones distintas a la privación de libertad y promover la reinserción social de adolescentes y jóvenes a cargo del sistema penitenciario.
Según la Constitución de Guatemala, es deber del Estado garantizar a sus ciudadanos "la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona". Sin embargo, más de 3.000 jóvenes entre 28 y 35 años y cerca de 500 niños menores de 17 años murieron violentamente en esta nación centroamericana en 2010.
La situación se repite en Honduras y El Salvador. Los ciudadanos pierden progresivamente la fe en las instituciones encargadas de proveer seguridad y justicia. Proliferan fuerzas privadas de seguridad y actos de justicia "por cuenta propia".
"Hay encuestas de percepción que revelan que mucha gente quiere volver a las dictaduras, con la idea de que en marcos autoritarios el crimen disminuiría", afirma la coordinadora regional de Interpeace. Muchos funcionarios del Estado apuestan igualmente por la represión porque consideran que la prevención no rendirá los resultados inmediatos que convienen a la imagen de los políticos frente a sus electores, añade la experta en temas de juventud, conflictos, paz y derechos humanos.
Prevenir, más que reprimir
Interpeace coopera en Guatemala con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG). Pero la propuesta conjunta de "12 estrategias para prevenir la violencia relacionada con la adolescencia y la juventud", presentada al Gobierno guatemalteco esta semana, rebasa la acción penal y aspira a servir de guía a la región.
Se trata de una estrategia integral diseñada a partir de la investigación científica y del diálogo con diversos actores sociales (incluidos ex pandilleros y pandilleros en activo), para atender a las raíces culturales socioeconómicas y políticas de la violencia en Centroamérica.
La experiencia y la investigación muestran que no es con más leyes o más cárceles, sino con más acciones preventivas que debe enfrentarse el problema. Educar para prevenir la violencia en la familia, la escuela y la comunidad; promover programas de re-inserción social para quienes pertenecen o pertenecieron a una mara o pandilla, fueron víctimas de su violencia o cumplen condenas carcelarias, son algunas de las propuestas de Interpeace y el ICCPG.
Cooperación internacional
La situación actual es tan grave que el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lanza esta semana en Guatemala un fondo de Naciones Unidas para consolidar la paz en la nación. Moon discute con el presidente Álvaro Colom y otros mandatarios centroamericanos un sistema de integración regional en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
También el presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció su próxima visita a El Salvador. Pero la alarma no sólo llega a EE.UU., México y alrededores. En Europa, España ha establecido nexos entre bandas locales y maras centroamericanas. Por eso Interpeace llama a cooperar internacionalmente para prevenir la violencia organizada en Centroamérica - lo que no puede separarse de la lucha contra la pobreza en la región.
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