El proyecto ha suscitado desde entonces las críticas de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas la española APDHE. Estas recordaron en una carta remitida a las instituciones comunitarias que "el Comité contra la Tortuna de Naciones Unidas ha denunciado el uso de la tortura, del tratamiento cruel, inhumano y degradante así como prácticas ilegales llevadas a cabo por la policía israelí y los funcionarios de prisiones, en particular contra palestinos e inmigrantes" y que, con Law Train, la UE está ayudando a financiar el Ministerio de Seguridad Pública israelí, responsable de todo ello.
Comentario: ¡Esto es el colmo! ¡No sólo las autoridades Europeas suelen pasar por alto los crímenes atroces de Israel, sin pronunciarse contra la EVIDENTE violación de los derechos humanos por parte del gobierno sionista, sino que ahora incluso pagan por se entrenados por sus mejores agentes psicopáticos!
Lamentablemente, ya hemos oído hablar de lo mismo en otras oportunidades:
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La presión de las organizaciones humanitarias consiguió que Portugal detuviera su aporte de fondos al proyecto, espoleado por los verdes y el Partido Comunista, que sostienen el Gobierno en minoría de Antonio Costa. Ahora la iniciativa se dirige al Gobierno español, al que el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán instó este lunes a abandonar Law Train, que considera "una licencia europea para la tortura israelí".
En un programa de Público TV emitido desde el Parlamento Europeo, Ana Sánchez, miembro de la campaña BDS (Boicot, desinversiones y sanciones contra la colonización, el apartheid y la ocupación israelí), explicó que "Israel tiene una relación con la tortura similar a la que tiene Estados Unidos: tienen una serie de técnicas de interrogatorio físico que se pueden describir como tortura".
Comentario: ¡No! ¿En serio?
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En declaraciones a la prensa, Urbán, portavoz de Podemos en la Eurocámara, explicó que este proyecto podría "reforzar prejuicios islamófobos y racistas" por crearse de forma conjunta con una policía como la israelí, que "aplica de manera estructural prácticas racistas".
A día de hoy, tanto España como Bélgica reciben anualmente 334.500 euros, mientras que los participantes israelíes -la Universidad Bar Ilán, la empresa Compedia Sotftware & Hardware Development Ltd. y el Ministerio de Seguridad Pública- obtienen una financiación de 2,3 millones de euros desde la UE.
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