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En abierta violación a las resoluciones de la ONU, un grupo de compañías inglesas y una estadounidense buscan petróleo en las islas, con el apoyo económico de grandes entidades financieras. La trama de complicidades.


El desembarco de las petroleras británicas en las Malvinas, con el objetivo de recuperar sus declinantes reservas hidrocarburíferas en el Mar del Norte, ya lleva más de dos años y nunca hubiese sido sustentable - los resultados son por ahora magros - sin una estructura económica que respalde semejante aventura.

Denunciada en infinidad de ocasiones por el gobierno argentino, en diferentes foros internacionales, la exploración ilegal en el archipiélago tiene una estructura de financiamiento compleja, que se centra en bancos internacionales y fondos especulativos, que además tienen fuerte injerencia en grandes empresas mineras, de medios de comunicación y energéticas de todo el mundo, algunas de las cuales fueron denunciadas por violación a los Derechos Humanos.

En la actualidad, en forma ilegal y con autorización unilateral del Reino Unido, perforan en Malvinas las firmas Rockhopper, Borders and Southern Petroleum, Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas, Argos Resources, Premier Oil y, en asociación con Rockhopper, la estadounidense Noble Energy. Cabe recordar que todo el negocio de exploración llevado a cabo por estas petroleras se encuentra en abierta violación a las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas en la materia, sancionadas incluso con anterioridad al conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido. El 1 de diciembre de 1976, la Asamblea de la ONU emitió la Resolución 31/49, por la cual llama a los dos gobiernos que se disputan la soberanía en las Islas Malvinas a que se abstengan de realizar cualquier tipo de acción sobre el territorio en disputa, mientras no se encare la cuestión de fondo, es decir, la discusión por la soberanía sobre el archipiélago.

"La Cancillería está desarrollando acciones preventivas ante la eventual participación de empresas públicas y privadas que por un descuido o no estar bien informadas puedan cometer el error de involucrarse en las tareas de exploración en el Atlántico Sur, para eso estamos poniendo en evidencia que se trata de territorios en disputa", comentó una fuente diplomática a Tiempo Argentino. En este escenario, la Cancillería cuestionó el reciente anuncio efectuado por la petrolera británica Premier Oil, que manifestó su intención de asociarse con Rockhopper Exploration para realizar actividades de exploración y explotación hidrocarburíferas en la zona, operación por la cual desembolsó U$S 1000 millones.

Lo cierto es que a la flamante Premier Oil los antecedentes no le son favorables. La propia empresa admitió la existencia de violaciones a los Derechos Humanos dentro de un área que controlaba en la ex Birmania (hoy Myanmar) a comienzos del año 2000, en medio de la guerra civil que azotaba al empobrecido estado asiático. Concretamente, distintas organizaciones denunciaron a la firma por custodiar la obra de un ducto de combustible con las polémicas fuerza militares de ese país, cuestionadas por sus procedimientos poco democráticos.
Entre los accionistas de Premier se encuentra el banco estadounidense Bear Stearns, una de las grandes corporaciones que protagonizó la hecatombe financiera desatada en 2008 en los Estados Unidos.

La entidad, una de las que más especuló con bonos, debió incluso ser rescatada por la Reserva Federal de Estados Unidos, en conjunto con el JP Morgan. Y aquí empiezan las coincidencias entre accionistas de las petroleras británicas que fueron símbolo de la crisis de especulación: el Morgan, que fue denunciado por desviar millones de dólares en activos colaterales, justo unos días antes de la quiebra de Lehman Brothers, es accionista de Borders & Southern y Falkland Oil & Gas. En Argentina, el JP Morgan protagonizó, indirectamente, una de las denuncias más escandalosos con fondos especulativos. Hernán Arbizu, un ex ejecutivo de la entidad entre 2006 y 2008 (manejaba cuentas en Argentina y Uruguay) se autodenunció en la justicia nacional confesando que la banca ayudaba a sus clientes "a lavar dinero y evadir impuestos". Entre sus clientes aparecía el Grupo Clarín, a quien Arbizu apuntó por haber cometido fraude con las AFJP y lavado de dinero producido de la venta de las acciones del multimedio.

Otro de los grandes nombres de la crisis mundial generada por los bancos es el del suizo Credit Suisse, que es accionista en las petroleras Rockhopper, Borders & Southern y Falkland Oil & Gas. El año pasado, el banco fue investigado y debió pagar una multa de 150 millones de euros en Alemania, para evitar un juicio por fraude fiscal. Se lo acusaba, a través de siete empleados del banco, de haber hecho gestiones para que sus clientes desviaran fondos al exterior para evadir impuestos, mediante el uso de seguros de vida en islas Bermudas para esconder capital no declarado. En Argentina, en julio del año pasado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una querella criminal contra Néstor Grindetti, ministro de Hacienda de Mauricio Macri, y el director general de Crédito Público, Abel Fernández Semhan, por pagar ocho veces más caro el gasto de intermediación de la emisión del título público Tango Serie 8. ¿Quién era el intermediario? El Credit Suisse, que se llevó una comisión de casi U$S 3,6 millones.

El Barclays, por su parte, tiene participación en Rockhopper, Borders & Southern, Desire Petroleum y Falkland Oil. A principios de 2012, el banco inglés fue multado en 360 millones de euros por manipular la tasa Libor, un indicador de referencia para calcular la tasa de interés en los préstamos interbancarios a nivel global. En enero de este año, Barclays cerró sus oficinas en Buenos Aires. Según un artículo publicado por Ámbito Financiero, las razones - que lo autoincriminan - fueron "las pocas posibilidades de realizar negocios (...) luego de la sanción en diciembre de 2011 del nuevo tramo de la ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo".

Otro de los bancos que aparece es el BlackRock, uno de los mayores administradores de activos a nivel mundial y que participa en el accionariado de todas las petroleras que actúan en las Islas Malvinas, con la sola excepción de Argos. Incluso, tiene parte de la flamante Noble Energy, la estadounidense que actúa en sociedad con inglesas.

Mineras

Las mineras no son ajenas a la exploración ilegal en Malvinas. Uno de los casos más resonantes es el de la australiana BHP Billiton, una de las mayores mineras del mundo y controlante de la Falkland Oil & Gas. Desde 2008 BHP tiene operaciones de cobre y oro en la provincia de Salta. En tanto, las firmas Desire Petroleum - sospechada de ser una pantalla de British Petroleum - y Borders & Southern Petroleum mantienen como principal accionista al banco inglés Barclays, el que a su vez posee participación en uno de los proyectos mineros más importantes de la Argentina, Minera Alumbrera, acusada por graves daños ambientales en la provincia de Catamarca, particularmente por la supuesta contaminación de las aguas de la cuenca Salí-Dulce que comparten Tucumán y Santiago del Estero.