Defensa de la policía y censura de sus mandos. Este es el hilo conductor de las iniciativas que la oposición parlamentaria ha presentado en el Congreso para que se explique qué pasó el pasado 22 de marzo tras las "Marchas de la dignidad", cómo pudieron ocurrir tan graves incidentes al final de la protesta en Madrid tras una jornada absolutamente pacífica.
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Los grupos parlamentarios de la oposición dan por seguro que hubo descoordinación y mala organización, lo que motivó que un grupo de policías quedase aislado y seriamente amenazado por unas decenas de violentos mientras el grueso del dispositivo policial, con 1.750 agentes, estaba apostado en lugares donde nada ocurría.


Comentario: Bastante sospechoso, ya que este grupo que quedó aislado fue porque les obligaron a permanecer quietos y no defenderse, mientras que el resto de los 1750 agentes se movían y atacaban a la población con total libertad. ¿Por qué obligaron los altos mandos a este pequeño grupo a permanecer quietos cuando el mismo grupo estaba avisando que estaban siendo agredidos por violentos? ¿Por qué los altos mandos no dejaban a este grupo acorralado defenderse y sí al resto? ¿Acaso lo que querían era que sus agentes fueran agredidos? ¿Otra manifestación más manchada de violencia por parte de falsos grupos violentos orquestados desde las cloacas del Estado?


Este mismo miércoles el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha anunciado que comparecerá en el Congreso, cuando concluya la investigación interna, aunque ya habían solicitado formalmente su presencia el PSOE, e Izquierda Plural. UPyD, por su parte, ha pedido la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Pero todos los grupos de la oposición se hacen la misma pregunta: "Un dispositivo de 1.750 policías no pudo contener a las decenas de violentos del 22-M?".

Las marchas hacia Madrid no fueron convocadas por los partidos con representación parlamentaria, sino por decenas de colectivos sociales, sindicales o profesionales, además de algunos grupos nacionalistas de extrema izquierda, junto a plataformas de distintas actividades laborales. Después de horas de normalidad, el resultado final fue violento: 101 heridos, entre ellos 67 policías y 34 manifestantes, y 24 detenidos; uno de ellos enviado a la cárcel por el juez.

Hubo vandalismo y la oposición no lo niega, pero se ha basado en las quejas de los sindicatos policiales para elaborar su listado de preguntas al Gobierno para intentar aclarar los hechos. Así lo ha hecho UPyD, con una veintena de preguntas para ser respondidas por escrito y que no piensa retirar a pesar de que el responsable de la policía, Ignacio Cosidó, vaya a comparecer en el Congreso. Ya había pedido esa comparecencia el portavoz de Interior del Grupo Socialista, Antonio Trevín.
"El director general de la Policía tiene que explicar las insuficiencias en la coordinación y las escandalosas contradicciones posteriores entre mandos policiales y la Delegación del Gobierno de Madrid", ha señalado el portavoz socialista a EL PAÍS.
Y continúa en su visión de los fallos que rodearon los hechos: "Los violentos pasaron los filtros. Hubo manifestantes y policías en peligro por la descoordinación, y lo pagaron los policías pero también los ciudadanos que pacíficamente ejercieron su derecho a manifestarse". En suma: "descoordinación y graves fallos de preparación". Con gran minuciosidad ha elaborado sus preguntas UPyD y de las mismas se desprende que quiere saber dónde estaba ubicado cada policía para saber si hubo una previsión adecuada, aunque su conclusión es que no la hubo. Unos policías no pudieron hacer frente a los violentos mientras que la mayoría no tuvo que actuar en ningún momento, concluyen los parlamentarios del PSOE, IU, UPyD y PNV.