La pena de prisión es a la fecha el recurso de sanción preponderante en el sistema judicial mexicano.

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Su abuso ha llevado al despropósito de que la efectividad policial se mida menos por la disminución del índice delictivo que por el número de encarcelados; ha llevado también a generar un problema mayúsculo capaz de desmoronar toda la infraestructura penitenciaria: la sobrepoblación penal.

Más allá de la carga financiera que ello supone para el país - 8658 millones de pesos en el 2012, según cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - , lo que esta sobrepoblación penal deja en evidencia es el rigor de un sistema judicial más preocupado por la imposición del castigo que por la procuración de justicia, por la condena del delincuente que por su readaptación social.

De ahí que los penales en México terminen por convertirse en verdaderas universidades del crimen donde el recluso principiante acaba por convencerse de que el error no está en delinquir sino en dejarse atrapar y donde aprende mañas de reincidentes para sobrevivir en un medio hostil; de ahí que los penales sean una suerte de microcosmos en el que se reproducen - magnificados por su concentración - muchos de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana - violencia, corrupción, despotismo, peculado, tráfico de influencias y de drogas, violación de derechos humanos... - ; de ahí que bajo la ilusión de proteger a la sociedad de toda laya de inadaptados, las cárceles terminen por ser también un lugar desde el que se delinque.

Construir más cárceles para reducir el exceso de población penal apenas si es un paliativo que deja intacta la raíz de un problema nacido de un ordenamiento legal asaz severo que castiga con prisión delitos de bajo impacto social, problema a cuyo empeoramiento abonan la demora de los procesos penales y el uso indiscriminado de una medida sancionada por la Constitución pero de cuestionable validez: la prisión preventiva.

Nadie duda de que el empleo de ésta sea decisivo para garantizar que el acusado pueda ser sometido a juicio, para evitar su interferencia en la investigación que se le sigue o para evitar que cometa alguna otra fechoría. Que esto último se parezca a "El informe de la minoría", el relato de ciencia ficción de Philip K. Dick en el que se detiene a la gente antes de que cometa el crimen (de donde salió el filme Minority Report), deja entrever cierto grado de absurdo jurídico; lo innegable es que por exceso de celo preventivo o perversa torsión de la ley por quienes deben tutelarla, las cárceles mexicanas están llenas de personas que bien pudieran esperar sus juicios bajo otro estatus legal como pudieran ser la fianza o el arresto domiciliario.

"Un auto de formal prisión no se le niega a nadie" es una triste broma propia de abogados, broma que en el caso de México ha sido testigo de la conversión en norma de lo que debiera ser una figura jurídica de excepción, por no hablar de la paradoja que supone encarcelar a una persona en teoría inocente, en ocasiones por un tiempo mayor al de la posible condena a imponer. Dicen que "la justicia tarda, pero llega"; la realidad demuestra, además, que para muchos el castigo inicia antes.

No se trata de dejar en la calle a delincuentes confesos mientras les llega la hora de su proceso penal, se trata de discernir con la equidad y la capacidad suficientes para que la jurisprudencia le deba más a la previsión (providentia, por contracción prudentia) que al simple derecho (iuris). Se trata de asumir la máxima de que "todo acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad" no como un simple fundamento legal, sino como un principio inalienable que debiera impedir que algunas personas, a veces ni siquiera inculpadas, estén purgando tras las rejas una pena anticipada o en espera de un juicio que incluso de serles favorable los estigmatizará, quizás para siempre, por la presunción social de que si están (estuvieron) presos es (fue) por algo.

Por todo ello, mientras el sistema judicial haga de la cárcel la razón de la penitencia, mientras se gaste en recluir lo que puede usarse en prevenir, mientras el castigo le gane a la justicia, las prisiones en México solo servirán para hacinar seres humanos, no para reformarlos, seres humanos que pocas veces regresarán intactos de ese enviciado y definitorio viaje hacia la noche.