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La medida de fuerza se desarrolla en la zona del departamento de Canindeyú y cerca del lugar escenario, en junio del 2012, del sangriento desalojo que culminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías y fue vinculado a la destitución del presidente Fernando Lugo.
En realidad estas protestas se refieren, específicamente, al reclamo del cese de la prisión de los rurales Paulino Rojas y Herminio Enríquez, pertenecientes ala FNC, apresados hace seis meses en el área de Encuadre Maracaná.
En dicho lugar también se llevó a cabo una acción policial contra numerosos campesinos que se oponen a las fumigaciones sin control de los sembradíos de soja realizadas por los latifundistas, las cuales ya causaron muchas enfermedades en las poblaciones por el empleo de tóxicos.
Las mencionadas fumigaciones incumplen las regulaciones establecidas oficialmente de su realización a cierta distancia de las viviendas, así como prohíben que los campos de soja se encuentren a menos de 100 metros de caminos rurales para preservar la salud de los residentes en las zonas.
De acuerdo a la organización campesina, Rojas y Enríquez fueron detenidos y encarcelados tras un enfrentamiento entre labriegos y policías a pesar de sufrir heridas de bala durante los hechos y permanecen privados de libertad sin fijación de juicio.
Durante la primera jornada de esta semana de protestas, sus compañeros marcharon por las calles principales de Curuguaty repudiando tanto la prisión de los dos campesinos como el modelo agroexportador vigente mediante el cual van desapareciendo las colonias de pequeños agricultores.
Bernardo Marín, dirigente de la FNC, informó que, a partir de hoy se mantendrán protestando frente a la fiscalía contra el juez José Benítez y el fiscal Néstor Cañete a quienes acusan del señalado como ilegal proceso y prisión de Rojas y Enríquez.
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