"Los límites y parámetros de los actos de la autoridad considerados legales para la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) son lamentables", dijo la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD).
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Los expertos de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) desataron un escándalo al revelar en el informe final de su mandato —que termina este sábado 30 de abril- una crucial diligencia sin registro del jefe de la AIC y agentes federales en el Río San Juan, el día 28 de octubre del 2014, casi un mes después de la masacre de estudiantes, cercana a la ciudad de Iguala, Guerrero (220 km al sur), saldada con seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.
Aquel día Zerón encontró la pieza crucial de la llamada "verdad histórica oficial" cuando subió a un helicóptero a un imputado, que la madrugada de ese día había confesado bajo tortura su participación en el asesinato e incineración de decenas cuerpos en el basurero del pueblo de Cocula, en una pira que hasta la fecha no logra acuerdo entre los peritos.
La versión del confeso terminaba con el lanzamiento de ocho bolsas con restos calcinados en las aguas fangosas de ese pequeño río: allí llegó la AIC sin acceso a forenses argentinos ni funcionarios de la ONU, que trabajaban a la misma hora allí, poca distancia, en el basurero municipal al cielo abierto, en la ladera superior de una barranca.
Zerón actuó sin asistencia legal y sin respetar los estándares de cadena de custodia, resume Culebro.
Un día después comenzó la actuación legal: buzos de la Marina encontraron los restos, de donde salió un fémur que permitió identificar al único estudiante identificado a la fecha, en un laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, Austria. El caso parecía cerrado.
La sospecha
"Es claramente posible deducir que existió manipulación de evidencia en este sitio y en el desarrollo de una diligencia que no fue reportada dentro del expediente correspondiente, y de la cual nos hemos enterado esta semana", dice la directora del organismo defensor de DDHH.
Las acciones y la repuesta de Zerón que presentó la noche del miércoles pasado imágenes de editadas, mezclando escenas del Río San Juan, con el basurero y un improvisado helipuerto en una cancha de fútbol donde pasta una manada de caballos, para simular que la diligencia había sido pública, ha sido desmentida en cascada y en forma fulminante.
Primero lo hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, la mañana del jueves, luego hablaron funcionarios de la ONU, por la tarde y finalmente, al anochecer del mismo día por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF): "se ha caído estrepitosamente la certeza en la imparcialidad de la investigación federal".
Por el contrario, "se ha sido consolidado el señalamiento de que existe un interés inexplicable en forzar una línea de investigación de manera parcial, que termina en el basurero de Cocula y se pierde en las aguas el río San Juan", dijo la integrante de la red de apoyo a los familiares de la víctimas.
Comentario: Esto llevaría a cualquiera a concluir que, quien sea que desee esconderse, tiene la influencia suficiente como para manipular a miembros de los departamentos de gobierno federal.
El caso muestra una conducta sistemática en el país latinoamericano: "la alteración de evidencias, el incumplimiento de actuaciones en el expediente, la usurpación de funciones son gravísimas".
Si esto pasa en una investigación tan vigilada nacional e internacionalmente, seguida públicamente, ¿qué se puede esperar de los casos ordinarios, donde el ciudadano de a pie, no tiene asistencia legal?, se pregunta.
"Esta es la radiografía de la aplicación de la justicia, en un país donde las autoridades mienten, abiertamente", reprocha.
Comentario: Tristemente concordamos con Rocío. Pero este no es un fenómeno exclusivo de Mexico. En Brasil, por ejemplo, la persona encargada de juzgar a la presidenta por corrupción tienen cargos de corrupción a su nombre. En EE.UU. un ex jefe de la cámara de representantes que abusó de menores de edad recibirá una minúscula sentencia, luego de intentar sobornar a testigos. Esta corrupción e ilegalidad parece ser exclusiva de las personas en posiciones de poder. Desde allí se mira al resto de la población como seres atados por la ley, una ley que a ellos no aplica.