MONTEVIDEO (Sputnik) — Martín Almada, de 78 años, dedicó parte de su vida a investigar la muerte de su mujer bajo torturas y se hizo mundialmente famoso cuando descubrió los "archivos del terror" del Plan Cóndor, una experiencia que narró a Sputnik Nóvosti en una entrevista telefónica en noviembre de 2015.

"Mi primer torturador fue un chileno, después me torturó un argentino y yo los reconocí por sus acentos", dijo Almada sobre la primera señal que tuvo del Plan Cóndor tras su detención, el 26 de noviembre de 1974, en la capital paraguaya.
martin almada
© AP Photo/ Jorge Saenz

Este abogado que se había doctorado en educación en Argentina estuvo preso en Paraguay desde poco antes de esa fecha hasta 1977. Su esposa también fue detenida en ese periodo.
"En la celda contigua está un argentino, Amílcar Santucho (hermano del líder de la guerrilla del ERP, Roberto Santucho) quien me cuenta que cayó junto con el chileno Jorge Fuentes Alarcón y que fueron sometidos a un tribunal militar, exactamente como yo", contó Almada.
Cuando fue puesto en libertad, "quería saber dos cosas: cómo murió mi esposa, porque me dijeron que se había suicidado, y por qué militares extranjeros me torturaban en mi país".

Archivo del terror

Almada dedicó 15 años de su vida a investigar la operación Cóndor. A su regreso a Paraguay, tras vivir exiliado en Panamá y en París, aprovechó la figura del hábeas data para reclamar los antecedentes de su detención y de la muerte de su esposa.

El juez penal José Agustín Fernández tomó su caso. Cuando buscaba lugares donde se guardarían sus expedientes, recibió una llamada telefónica: "Profesor, sus papeles no están en la central de policía, están afuera de Asunción", le dijo una mujer quien más tarde le acercó el plano del lugar.

El 22 de diciembre de 1992 por la mañana, Almada y el juez Fernández entraron "a una dependencia policial normal y corriente" en Lambaré, localidad cercana a la capital.
"Pero, pasando la comisaría hacia el interior había una carnicería, luego una carpintería, después una fábrica de baldosas y, en el fondo del predio, estaba el nido del Cóndor", dijo Almada.
Una habitación grande en un primer piso alojaba 700.000 folios con archivos que databan de 1927 a 1989 y que incluían documentación detallada del Plan Cóndor.

Allí se encontró el acta fundacional, que sirvió al entonces juez español Baltasar Garzón para probar la existencia de esa coordinación multinacional.

Los archivos se encuentran ahora en manos del Poder Judicial, digitalizados y disponibles para investigadores, académicos y periodistas.

La Unesco los incluyó en su lista de patrimonio documental de la humanidad; y en 2002, Almada fue galardonado con el Right Livelihood Award, conocido como Premio Nobel Alternativo.

Justicia pendiente en Paraguay

Semejante hallazgo no ha contribuido a hacer justicia sobre la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), según Almada.

"Un funcionario de gobierno dirá que sí, porque hubo 15 condenados; pero eran policías torturadores, cuando la operación Cóndor fue eminentemente militar", observó.
"No pudimos tocar a ningún militar, salvo a uno, el general Ramón Duarte Vera, condenado a 14 años de prisión, aunque no pasó un solo día preso porque siempre presenta certificados médicos", se quejó.
Almada consiguió averiguar por qué lo torturaban extranjeros en su país. Y pudo descubrir que su esposa murió de un fallo cardíaco.

Los torturadores le hacían escuchar a la mujer por teléfono los gritos de su marido sometido a tormentos: "Eso duró unos 10 días. En el noveno día le llevan mi ropa ensangrentada y le dicen que había muerto. A mi esposa le dio un infarto y falleció por falta de atención médica".


Comentario: Recordemos que la mayoría de los militares del Plan Cóndor fueron entrenados en la Escuela de las Américas, desde donde militres y oficiales de inteligencia norteamericana exportaban sus técnicas e ideología del terror. Fueron este entrenamiento e indoctrinación los que posibilitaron el infame Plan Cóndor.


El viernes un fallo de la justicia argentina condenó a sus principales responsables a penas de hasta 25 años de prisión por diversos delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor.