"Macri, pará la mano", exigió Bonafini ante centenares de personas que custodian la sede de la organización en Buenos Aires.
© Flickr/ Ministerio de Cultura de la Nación Argentina
La titular de Madres, acompañada de referentes del Gobierno anterior, agradeció la masiva movilización que se originó al conocerse la orden de detención en su contra, de parte del juez Marcelo Martínez di Giorgi. "La movilización de los pueblos es lo que libera", aseguró Bonafini entre los vítores de los presentes.
Tras señalar que la organización es feliz con su labor, la presidenta de Madres aseguró que continuará "en esta posición inclaudicable para que no avancen sobre nosotros".
El magistrado Martínez di Giorgi la había citado por segunda ocasión para el jueves con el fin de que prestara declaración indagatoria. Sin embargo, la titular de Madres no concurrió a los tribunales, por lo que el juez dictaminó su captura por entorpecer la investigación.
Comentario: La decisión de no presentarse por parte de la activista social se debe a su claro convencimiento de que hay una intencionalidad política tras su persecución y hostigamiento. Hebe de Bonafini presentó voluntariamente durante el desarrollo de la causa judicial en su contra 60 cajas con pruebas y 40 backups, pero toda esta documentación parece no haber sido siquiera considerada por el magistrado. Por otro lado la titular de Madres declaró que asistió cuantas veces fue requerido a declarar y que se sometió a varias pericias para constatar finalmente que las firmas de los documentos que supuestamente la comprometen no eran de ella.
Bajo estas condiciones la conclusión parece ser una sola: el acoso judicial a funcionarios y militantes del gobierno anterior es prioridad para el gobierno de Mauricio Macri. Mantener a las masas enojadas permanentemente con ellos y con una falsa certeza de que "se robaron todo", como suelen afirmar con total liviandad, es sin duda el sustento diario de este gobierno antisocial e inhumano, y el único modo de sostenerse y de garantizar cierta legitimidad institucional a pesar de ser brutalmente insensibles con la población y sumamente eficientes para garantizar un enriquecimiento atroz y desproporcionado de la oligarquía argentina.
Tras dictar la orden de detención, el juez libró los oficios correspondientes a Migraciones en los que prohíbe la salida del país de Bonafini.
El arresto de Bonafini, anunciaron fuentes judiciales a Sputnik Nóvosti, "se hará en el momento oportuno", a la vista de la masiva concurrencia de ciudadanos y militantes políticos que acudieron a la sede de la organización para impedir que sea detenida. La titular de Madres ya no será indagada en este día. En caso de producirse su detención, deberá concurrir en primer lugar a una dependencia policial para cumplir con determinados preliminares administrativos.
El juez, mientras tanto, ordenó extremar las precauciones de su arresto. Por ello dispuso que la orden de captura sea ejecutada por mujeres de la Policía Federal y con una ambulancia para preservar la salud de Bonafini, de 87 años.
Comentario: Este es un detalle alarmante. Una mujer de 87 años que ha luchado por los derechos humanos en Argentina, que ha sufrido la perdida de dos hijos, y la tortura de una tercera, ¿Representa en realidad tal prioridad legal en Argentina?
Tal vez estemos equivocados aquí, pero piense por un segundo: si se nos presentan las pruebas de posibles crímenes de una activista de 87 años contra los de un presidente en cargo, ¿a quién sería más pertinente investigar primero?
Di Giorgi llamó a declarar a Bonafini en el expediente que investiga el manejo de fondos para la construcción de viviendas de la fundación Sueños Compartidos, administrado por la organización de las Madres.
"Se ha constatado que en todos estos casos en los que la fundación resultó beneficiaria de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios, el procedimiento mediante el cual se formalizo su selección fue irregular", señala el auto que el juez habría leído a la titular de Madres si se hubiera presentado en los tribunales federales.
El juez Di Giorgi imputó a mediados de junio a un total de 43 personas, entre las que se encuentra Hebe de Bonafini. De acuerdo al magistrado, "no puede obviarse que el programa Misión Sueños Compartidos también recibió financiamiento del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social".
En el marco de este expediente, el magistrado citó el miércoles a indagatoria al exministro de Planificación del Gobierno anterior, Julio De Vido y a su exsecretario de Obras Públicas, José López.
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