Un total de seis imputados en el crimen del viceministro boliviano de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, fueron enviados a las cárceles de máxima seguridad de Chonchocoro y Patacamaya, informaron hoy fuentes oficiales.
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El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, y los cooperativistas Carlos Castro, René Cochi, Silvestre Flores y Roberto Durán fueron enviados a la prisión de Chonchocoro, mientras que el también cooperativista minero Julián Pinto fue ingresado a la cárcel de Patacamaya.

Mamani está acusado de "asesinato; robo agravado; organización criminal; tenencia y porte o portación ilícita, y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, en grado de autoría", mientras que el resto serían cómplices.

La decisión fue adoptada por la jueza séptima de Instrucción en lo Penal de El Alto, Ana Giorgina Dorado, debido a que los seis ciudadanos fueron imputados por el Ministerio Público y para evitar que la investigación sea entorpecida.

El fiscal departamental, Edwin Blanco, dijo a periodistas que, "tras una exhaustiva investigación, la comisión de fiscales determinó la participación de los imputados en la muerte del viceministro (Illanes)".

Precisó que en algunos casos se trata de "autoría" del crimen y en otros de "complicidad", razón por la cual se pidió la prisión preventiva de los seis imputados.

Illanes fue asesinado el pasado jueves en el marco de una protesta de los cooperativistas mineros, quienes habrían tenido responsabilidad en el crimen cometido en la localidad altiplánica de Panduro, distante 186 kilómetros de La Paz.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, los imputados, en compañía de un centenar de cooperativistas mineros, secuestraron al viceministro para llevarlo hasta el cerro Pucara, donde le quitaron la vida a golpes la tarde del pasado jueves.

Los fiscales a cargo del caso recogieron declaraciones, resultados de allanamientos, requisas y otros elementos que llevaron a la convicción que los seis imputados son los presuntos autores de los delitos vinculados a la muerte de Illanes.

La autoridad boliviana llegó a la zona para intentar mediar en el conflicto, el cual se generó por la petición de los mineros cooperativistas de contar con energía gratis para sus explotaciones, las que se encuentran al margen de la preservación ambiental.

Además, exigen anular la ley sobre derecho de sindicalización de sus trabajadores y piden autorización para suscribir por cuenta propia contratos con inversionistas extranjeros.