(España) - Carlos Fabra deberá explicar a un juez todos los detalles del contrato de alquiler del campo de golf de referencia de Castellón que, según una querella, dio de manera casi unilateral a la familia del golfista Sergio García en el año 2013. El magistrado le ha imputado por un delito de fraude societario al igual que al padre del deportista, Victoriano García, al entender que la operación pudo ser fraudulenta.
Carlos Fabra
Carlos Fabra
El magistrado investiga si, como sostiene la querella a la que ha tenido acceso EL MUNDO, ese acuerdo pudolesionar los intereses de la sociedad Golf Mediterráneo SA, presidida por Fabra (hoy en la cárcel), y que, en atención al valor de los activos (tasados en cerca de diez millones), el precio que se pagó por el arrendamiento durante diez años de la infraestructura deportiva pudo ser inferior al del mercado.

El escrito también expone que Carlos Fabra ocultó el alquiler a los 1.000 socios del club y que no les pidió permiso para ejecutarlo. La exposición de los hechos que el juez ha validado habla de acuerdos «totalmente abusivos», de mayorías «ficticias» en la toma de decisiones y de una «maniobra fraudulenta manifiesta» para «favorecer» a la familia del deportista.

En definitiva, subraya, «una clara confabulación» del Consejo de Administración de la empresa presidida por Fabra y la del padre de García -Golf Borriol SL, que fue quien se ha hecho con los cerca de 900.000 metros cuadrados de terreno- añade, «al objeto de apropiarse de los terrenos» «mostrando un especial favoritismo».

¿Entregó Fabra la infraestructura a precio de ganga a la familia del deportista? Se trata del campo donde aprendió a jugar García, donde su padre ha sido profesor y su madre encargada de la tienda. Esa duda es la que intenta despejar ahora el magistrado.

La génesis de la investigación se remonta a tres años atrás. En 2013, el golfista se quedó con la deuda y la gestión del Club de Campo del Mediterráneo, a quien Golf del Mediterráneo SA ha tenido cedidos históricamente sus inmuebles. Prácticamente estaba en situación de bancarrota después de una reforma faraónica acometida entre los años 2008 y 2011 para albergar una de las grandes citas anuales del circuito profesional de golf.

La cifra era algo superior a 400.000 euros. Las cuentas de la compañía agonizaban y Carlos Fabra se lo había hecho saber a los socios, aunque, según el escrito, nunca les dijo que la empresa del golfista castellonense estaba interesada en el campo de golf.

De acuerdo con la querella, unos días antes del acuerdo entre la sociedad presidida por Fabra y la familia García, Golf Borriol SLhabía comprado los derechos de las dos hipotecas que tenía Golf Mediterráneo SA valoradas en cuatro millones de euros. Es decir, la empresa familiar de García se quedó la gestión del campo por un precio muy inferior a los 9,59 millones en los que están valorados los terrenos, según el escrito.

La compañía de Fabra pidió el primer crédito en 2007. Fue de 2,5 millones y tres años más tarde, contrajo una hipoteca de 1,5. Ambas estaban a nombre de Bancaja, entidad ya desaparecida.

La autorización de ambos créditos, insiste el escrito que el juez analiza, lo acordó la cúpula de Golf Medietrráneo SA y no informó al resto de socios.

La querella recupera una situación reveladora. Fue en 2007, cuando el consejo de Golf Mediterráneo SA solicitó la autorización a la Junta General sobre la hipoteca de 2,5 millones. Al parecer, en esa junta únicamente se encontraban presentes el presidente, el secretario no consejero, dos consejeros y un socio. Este último se abstuvo.

Sin embargo, relata el escrito, al solicitar las actas de aquella junta quedó reflejado que la autorización se aprobó de forma unánime.

En diciembre de 2012, con la compañía al borde de la quiebra, la primera hipoteca se transmitió a favor de la Soecidad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb) y un año después se cedió a la empresa de la familia de Sergio García. Sucedió lo mismo con el segundo crédito. Se cedió al banco malo y en mayo de 2014 lo asumió Golf Borriol SL.

«Estamos ante un contrato que debe de calificarse de ilegal, con abundantes cláusulas abusivas ya que no ha aportado ningún beneficio a la compañía como tampoco a sus intereses».

Una notaría convocó una subasta del polémico campo de golf. La puja quedó desierta y se la adjudicó Golf Borriol SL como pago de la deuda hipotecaria. A los querellantes, representados por el letrado Mariano Corbalán de Celis, les llamó la atención. «Después de una gran estrategia y con maniobras poco transparentes, adquiere el inmueble muy por debajo de su valor». «Golf del Mediterráneo SA no actuó en beneficio de la compañía», recoge la querella.

El abogado presentó la querella el pasado verano. El juez decidió darle recorrido a principios de este mes. La admitió a trámite y acordó imputar a Carlos Fabra y al padre de Sergio García por un delito societario. El expresidente de la Diputación de Castellón declarará por videoconferencia desde la prisión de Madrid donde cumple condena el próximo diciembre.