Ante la posibilidad de la rápida aprobación de la iniciativa de ley de seguridad interior por el Poder Legislativo, diversas organizaciones no gubernamentales y de promoción de los derechos humanos llamaron al Congreso de la Unión a detenerla y a emprender un proceso transparente, con margen de tiempo y abierto a la participación social.

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Organizaciones alertan sobre los peligros de aprobarse la nueva legislación

Los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la organización Fundar y otros señalaron que la iniciativa mencionada constituye una afrenta a las recomendaciones formuladas a México por diversos organismos internacionales y destacaron, asimismo, que la pretendida legalización de la participación de militares en tareas de seguridad pública reduce y desalienta el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales civiles, que son las que, por mandato constitucional, deben asumir tales tareas.

Desde hace más de una década se ha señalado en numerosas ocasiones la improcedencia de involucrar a las fuerzas armadas en asuntos que deben ser atendidos por la policía. Sin embargo, ante la intensificación desde el sexenio pasado de ese recurso inconstitucional, y ante la perspectiva de que las autoridades civiles sigan confiando al Ejército y a la Marina la lucha contra la delincuencia organizada, altos mandos castrenses han instado a los legisladores para que elaboren un marco que otorgue sustento legal a esa tarea.

Debe considerarse que la legalización de una práctica gubernamental anómala e improcedente no sólo no resolverá el problema, sino posiblemente lo agravará. En los más de 10 años transcurridos desde que Felipe Calderón declaró una "guerra" a las corporaciones criminales y recurrió para ello a la utilización intensiva y excesiva de las fuerzas armadas, se descuidó el saneamiento y la profesionalización de los organismos policiales de los tres niveles, se recurrió a la simulación de los exámenes de confianza y se expuso a los institutos armados a los peligros de la descomposición institucional, la erosión de la credibilidad y el conflicto social por la multiplicación de los casos de violaciones graves a los derechos humanos.

A lo largo de este proceso, sobre las fuerzas armadas no ha recaído más responsabilidad que la de acatar el mandato del poder civil. Éste, en cambio, ha persistido en el error y no ha sido capaz de comprender que el Ejército y la Marina no son superpolicías, sino instituciones concebidas, formadas y preparadas para defender la soberanía nacional, preservar la integridad del territorio y auxiliar a la población en casos de desastre.

Ahora, tras los deplorables resultados de esa estrategia, en vez de rectificar el camino se pretende legalizar la desnaturalización de las tareas constitucionales y sociales de los militares mediante la redacción de la ley referida, la cual, de aprobarse, podría generar una nueva escalada de violaciones a los derechos humanos, avanzar en la indeseable militarización de la vida y el espacio públicos y someter a las instituciones castrenses a un desgaste mayor del que han sufrido en esta década.

Una solución alternativa y razonable a ese extravío trágico es que el Ejecutivo y el Legislativo federales, así como las autoridades estatales y municipales del país, enfrenten de una vez por todas la tarea de limpiar y moralizar los cuerpos policiales de los tres niveles, que se cambie radicalmente el contraproducente enfoque de la lucha antidrogas - a fin de cuentas, una imposición estadounidense - y se permita a las fuerzas armadas el retorno a sus cuarteles.