Impulsores del impuesto al refresco en México recibieron un programa espía.
Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación recibieron mensajes con vínculos a un programa malicioso con el que se podía ingresar y hasta apropiarse de sus teléfonos móviles.


espionaje en México
© Saúl López/CuartoscuroIntegrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria, con Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor al frente, dieron a conocer el 20 de octubre de 2015 que diputados del PRI y PAN votaron a favor de reducir el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas dirigidas a niños.

Tres de los activistas impulsores de impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar fueron espiados a través de sus teléfonos móviles, de acuerdo con una investigación del diario The New York Times publicada este sábado.

Simón Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, Luis Manuel Encarnación, exdirector de la Fundación Mídete, y Alejando Calvillo, fundador de El Poder del Consumidor, recibieron mensajes y amenazas vía mensajes de texto con el fin de instalarles un programa de espionaje digital diseñado por una empresa de Israel, de acuerdo con el trabajo de Nicole Perlroth.

Barquera, Encarnación y CalvilloTodos fueron impulsores de un impuesto a los refrescos establecido en 2014, que busca reducir el consumo de bebidas azucaradas en México, donde enfermedades vinculadas al sobrepeso matan a más personas cada año que la violencia criminal.

Según el NYT, los teléfonos móviles de los tres activistas fueron intervenidos mediante un programa espía malicioso, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, dedicada a vender herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos, la cual tiene contratos con varias agencias en México.
"El descubrimiento de los programas espías de NSO en los teléfonos de los impulsores de política nutricional en México, e incluso de funcionarios gubernamentales como Barquera, desata preguntas sobre si las herramientas de NSO están siendo usadas para avanzar los intereses comerciales de la industria refresquera de México", agrega el diario.
En el caso de los activistas del impuesto al refresco, estos fueron blanco de Pegasus, un sistema de rastreo comercializado por NSO. Dicho producto puede extraer mensajes de texto, listas de contactos, registros del calendario, correos electrónicos, mensajes instantáneos e incluso la ubicación del usuario. También puede convertir el celular en una grabadora y capta de manera secreta lo que la cámara del aparato ve en vivo.
"No queda claro por qué una agencia gubernamental mexicana utilizaría el programa espía para rastrear a los impulsores de la batalla contra la obesidad en el país, donde la diabetes acaba de ser declarada una emergencia nacional, ni queda claro qué órgano mexicano está detrás de la vigilancia a personas como Calvillo, Encarnación o Barquera", señala el diario.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y conocido como el impuesto a refrescos, se aprobó con la reforma fiscal 2014 con 1 peso por litro a las bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas, para combatir la obesidad y la diabetes.

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Carolina del Norte encontró que para finales de 2014 la reducción en el consumo de refrescos en México llegó al 12% como resultado del impuesto al refresco y a bebidas azucaradas, mientras que el consumo de agua ascendió un 4%.

Una semana después de que fue anunciada la campaña para impulsar un aumento al impuesto, los teléfonos de Barquera, Calvillo y Encarnación empezaron a sonar con los mensajes que contenían los programas espía.

"Esto demuestra que la vigilancia en México está fuera de control", dijo Luis Fernando García, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales, una ONG mexicana conocida con el acrónimo R3D, en entrevista con The New York Times. "Cuando hay pruebas de que la vigilancia está siendo usada contra activistas de la nutrición, es claro que México no debería tener acceso a estas tecnologías".