El Gobierno de Ucrania intencionalmente agrava la situación en la zona de Donbás, con el fin de hundir los Acuerdos de Minsk y a la vez apostar por una solución militar al conflicto, aseguró Vladímir Putin en una reunión con altos cargos del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) el pasado jueves 16 de febrero.

Según el presidente, el Servicio Federal de Seguridad ruso frustró la actividad de 53 oficiales y 386 agentes de servicios secretos extranjeros en Rusia en 2016, además de prevenir 45 crímenes terroristas, entre ellos 16 atentados.
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© Sputnik/ Mikhail Klimentev

El FSB debe seguir con su labor activa de detectar y bloquear a los grupos terroristas y eliminar sus fuentes de financiación", remarcó.
Estas declaraciones, explica el analista ruso Rostislav Ishenko, estaban dirigidas a los socios occidentales de Rusia. Con ellas el presidente quería dar a entender que el Servicio Federal de Seguridad ruso tiene experiencia en la ejecución de actividades antiterroristas y que las acciones preventivas contra el terrorismo y sus partidarios es uno de los puntos más importantes del trabajo de este órgano de seguridad.

Sin embargo, la posibilidad de realizar esta clase de operaciones en el territorio de otros países se rige por estatutos concretos, señala Ishenko.
"Para que las medidas antiterroristas preventivas en otro territorio estén justificadas desde el punto de vista del derecho internacional, [un país] debe estar en guerra con otro Estado o bien ser víctima de un ataque no provocado por su parte", detalla el experto.
Hasta ahora, las provocaciones por parte de Ucrania habían sido explicadas por Kiev como actividades aisladas realizadas por personas sin conexiones con las estructuras de seguridad de Ucrania.

Sin embargo, el Comité de Investigaciones de Rusia dijo tener pruebas fehacientes de que el Ejército ucraniano usó misiles Tochka-U contra la población civil en Donbás. Este acto fue calificado por el Comité como "el uso de armas de destrucción masiva contra población civil".

Las declaraciones del Comité de Investigación de Rusia y las declaraciones de Vladímir Putin siguen una misma lógica. "El uso de armas de destrucción masiva contra la población civil puede ser calificado no solo como un crimen de guerra sino como terrorismo estatal", subraya Ishenko. Lo mismo sucede con las "actividades de sabotaje y terrorismo" contra otro país en estado de paz.

Exactamente esa es la acusación que hace el presidente Putin a Ucrania, explica el experto.

En ese sentido, los países que realizan actividades calificadas como terrorismo estatal son considerados por la comunidad internacional como países que han "perdido su legitimidad". Como demuestra la práctica, lo ocurrido con Sadam Hussein y Muamar Gadafi, demuestra que no es necesaria una decisión del consejo de seguridad de la ONU para que esa "pérdida de legitimidad" sea un hecho; es suficiente que un Estado declare y refuerce con hechos (o en algunos casos, solo con su palabra) que es víctima de terrorismo estatal por parte de otro país, explica Ishenko.
"Los precedentes creados por EEUU en los últimos 20 años permiten implementar contra los países que han 'perdido su legitimidad' cualquier clase de medidas, entre ellas militares, así como la realización de operaciones especiales, y el reconocimiento o apoyo oficial a los gobiernos de insurrección alternativos que dirigen una guerra civil contra un régimen político", subraya el analista.
En ese sentido, las declaraciones de Putin son una muestra de que Rusia tiene pruebas claras de la actuación de Ucrania y de que "en caso de que los 'socios' occidentales de Rusia no les alcancen las oportunidades para detener el deterioro del Gobierno de Kiev, Rusia está dispuesta a tomar medidas, así sean unilaterales, pero que se adaptan completamente al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas", concluye el experto.