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Pero además, es el lugar con el padrón electoral más grande, con alrededor de 11 millones de votantes. Prácticamente, quien gane ahí en los comicios, cuya campaña comienza el próximo lunes, es muy probable que se lleve la presidencia de la república en 2018.
El Partido Revolucionario Institucional del presidente Enrique Peña Nieto, quien por cierto gobernó la entidad de 2005 a 2011, ha sido acusado de controlar el estado mediante el reparto de dádivas y la represión, en contraste con las altas tasas de delincuencia, pobreza, desigualdad y la incidencia más grande de feminicidios en el país, como ya lo ha reportado RT.
Grupo Atlacomulco
Este control es ahora ejercido prácticamente por una sola familia conocida como Grupo Atlacomulco. Seis gobernadores de la entidad, contando al actual presidente, provienen de este grupo. Y el próximo candidato para dirigir el estado, Alfredo del Mazo Maza, sería el séptimo.
Este hombre, primo de Peña Nieto, arrancó ya su campaña con una frase que muestra la actitud con la que el PRI pretende asegurar su lugar en la entidad para encarrilarse rumbo a la presidencia de la república: "Fuerte y con todo".
Pero de acuerdo con una encuesta del prestigiado diario 'Reforma', Del Mazo solo le lleva un punto porcentual a la profesora Delfina Gómez, la candidata apoyada por la polémica y principal figura opositora de México: Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la cadena de noticias MVS, en un acto inusitado, su partido, el partido de López Obrador y otros como el Partido Acción Nacional, quien se encuentra en tercer lugar a poca distancia, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo denunciaron en el congreso local una "elección de estado" por el reparto de prevenidas en el que inclusive se ve a la esposa del presidente del país, Angélica Rivera.
Fuerte y con todo
La frase "fuerte y con todo" ha despertado sospechas en los mexiquenses, pues Del Mazo promete erradicar la inseguridad en un territorio gobernado por su propio partido.
Pero también hay otra preocupación. Desde 2016, el congreso local lanzó una iniciativa llamada Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México o 'Ley Eruviel', por el actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas. Una gran cantidad de defensores de derechos humanos, movimientos sociales e indígenas recalcan que esta ley pondría a discreción de la Policía local la represión en contra de manifestaciones públicas.
"El contexto de las elecciones muestra un panorama amenazante para nosotros por el lema de la campaña: 'Fuerte y con todo'. Y con una 'Ley Eruviel' que regresa al congreso local tenemos directa la amenaza contra comunidades y defensores de derechos humanos", dijo en una conferencia de prensa Sergio Velázquez, habitante del pueblo de Coyotepec, el cual defiende su agua desde 2015.Y es que el estado de México es la entidad que da agua y bosques a la capital del país. La extensión de la mancha urbana junto con diversos megaproyectos hace que los habitantes campesinos e indígenas mexiquenses alcen la voz por la continua violación de sus derechos colectivos y territoriales. Como respuesta, han recibido duras represiones. La más recordada fue la incursión en 2006 de miles de policías en el pueblo de San Salvador Atenco, la cual dejó un saldo de más de 100 detenidos y dos muertos.
Antonio Lara es coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Su organización acaba de ganar el premio Sergio Méndez Arceo, el reconocimiento independiente a la defensoría de los derechos humanos más importante de México. Ante el contexto que vive la entidad, asevera que comenzarán un proceso de consulta en toda el estado para proponer una ley alternativa a la promulgada por el gobierno mexiquense.
Que una familia lo controle todo
De acuerdo con Lara, hay 10 presos de conciencia en el estado de México. En lo que va del sexenio de Eruviel hay 250 agresiones a defensores de derechos, destacando a los defensores del agua e indígenas que defienden bosque y territorio.
Los activistas coinciden en que la 'Ley Eruviel' podría servir como prueba de la Ley de Seguridad Interior para todo el país, que para especialistas podría ser un autogolpe a favor del Ejército. Además de servir como marco represor para el próximo gobierno si es que cae en manos del PRI. Sergio Ovando, defensor del agua del municipio de Tecámac, inclusive aseveró:
"Se nos hace totalmente inadmisible que una familia sea dueña del estado de México. Son gente que no le interesa el respeto a los derechos humanos y el respeto de la vida de la gente. Les interesa el poder".
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