El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, reiteró el domingo un señalamiento: la oposición acude a la misma fórmula que aplicó en 2002 contra Hugo Chávez para sacarlo del poder. ¿La estrategia del golpe sigue vigente?

"La oposición está repitiendo la historia trágica de 2002-2003 como una comedia sangrienta", dijo el presidente Nicolás Maduro.
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© Juan Barreto / AFP

El señalamiento no es nuevo. Desde enero de este año, cuando la derecha decidió definitivamente cerrar la posibilidad de un diálogo con el gobierno y llamar a sus adeptos a las calles, Maduro advirtió que pretendían emular el escenario que vivió el país en 2002.

Quince años atrás, la oposición perpetró un golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez. Los argumentos esgrimidos en esa oportunidad por la dirigencia de derecha eran el supuesto carácter "dictatorial" del gobierno, el desacuerdo con la política económica y el rechazo a 49 leyes habilitantes que le daban un nuevo marco jurídico al país. Hoy, el escenario es parecido. ¿Cuáles son esas coincidencias?

Protestas de calle

En 2002, las manifestaciones estuvieron a la orden del día y casi todas, convocadas en el este de Caracas. La Plaza Altamira, en la acomodada urbanización homónima, se convirtió en el epicentro de las movilizaciones.


En 2017 es igual. El municipio Chacao, gobernado por la oposición y el más rico del país, es el punto más frecuentado por la derecha en sus protestas de calle y donde más se han registrado enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de orden público.

El punto de inflexión en 2002, que derivó en el golpe contra Chávez, fue cuando la oposición desvió una de sus movilizaciones hacia el centro de Caracas, donde manifestaba el chavismo. Allí, la actuación de la Policía Metropolitana -aliada de la oposición- tuvo gran responsabilidad en la muerte de 13 personas y cientos de heridos. Las víctimas pertenecían a ambos bandos políticos.

En 2017, la derecha ha hecho amagos por llegar al centro de Caracas, pero no han sido fructíferos. Sin embargo, en días recientes, un funcionario sustrajo un helicóptero de la policía científica -porque tenía credenciales- y lo llevó hasta el carozo de la ciudad, donde disparó contra el Ministerio del Interior y lanzó cuatro granadas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como "protesta" contra Maduro. El evento no registró víctimas fatales.

Boicot económico

Una de las estrategias que utilizó la oposición contra Chávez fue el llamado a paro. La cúpula empresarial y patronal se encargó de boicotear el aparato productivo del país con bloqueos a la industria petrolera, principal fuente de divisas, y llamados al cierre de comercios.


En la actualidad, la dirigencia opositora ha querido repetir la fórmula. Voceros como el diputado Freddy Guevara ha convocado a distintas actividades de paralización comercial, con amenazas a quienes no se sumen; así como bloqueos a vías públicas y las arterias viales más sensibles por donde circulan las mercancías de primera necesidad como alimentos y combustible.

En las últimas semanas, esas acciones han incluido la quema a depósitos de alimentos del Estado, ataques a centros de distribución de comida de la red pública y promoción de saqueos a comercios privados, lo que ha agudizado la coyuntura económica que vive el país monoexportador, cuyos ingresos han ido en franco deterioro por el derrumbe y lenta recuperación de los precios del crudo.

El papel de EE.UU.

En la víspera del golpe del 11 de abril de 2002, Chávez le confesó a Ignacio Ramonet sus sospechas de que la huelga que la oposición había convocado para el día 9 de ese mes era sólo parte de un plan orquestado desde Washington en su contra.

"Es sólo una etapa de la gran ofensiva norteamericana contra mí y contra la revolución bolivariana. Y seguirán inventando cualquier cantidad de cosas. No te extrañe que mañana inventen que yo tengo a Bin Laden en Venezuela. No te extrañe que hasta saquen algún documento demostrando con datos y pruebas que Bin Laden y un grupo de terroristas de Al-Qaeda están en las montañas de Venezuela. Preparan un golpe, y si fracasan, prepararán un atentado", refiere El País en la edición que circuló el 17 de abril de 2002.


Apenas dos meses antes del golpe, el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, alertaba sobre las "preocupaciones" de EE.UU. con respecto "cierta violencia dirigida contra miembros de la oposición" en Venezuela e instaba a Chávez a "respetar las instituciones democráticas", refiere una nota de la época publicada en Emol.

Para Maduro, el aliado estratégico de la oposición en su contra sigue siendo EE.UU. Las recientes declaraciones del mandatario norteamericano, Donald Trump, y la retórica del vicepresidente Mike Pence, no distan de la cáustica postura que siempre ha mantenido Washington contra la Revolución Bolivariana.

Según el propio canciller venezolano, Samuel Moncada, la amenaza de nuevas sanciones contra funcionarios de alto nivel y las reuniones abiertas con líderes de derecha son el combustible que alienta una escalada insurreccional del antichavismo en la calle: "Lamentablemente, estamos en uno de los peores momentos en la historia de las relaciones (...) EE.UU. es el protector de la corrupción y de la violencia", dijo la semana pasada.

¿Desertores?

Uno de los elementos clave en la conspiración contra Chávez fue el deslinde de figuras de su gobierno para aliarse con la oposición. Así ocurrió en su oportunidad con quien fuera su ministro de Interior, Luis Miquilena.

Miquilena formó parte del primer anillo de confianza de Chávez y no sólo ocupó el puesto de ministro, sino que fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y encabezó una de las comisiones legislativas. Meses antes del golpe, fue sacado del gobierno y se convirtió en un acérrimo oponente.


Durante el gobierno de Maduro ha pasado algo similar. Quien fungiera como su ministro de Interior hasta 2014, cuando ocurrió su remoción, es una de las fichas más críticas al gobierno: Miguel Rodríguez Torres. Recientemente acusado de mantener contactos con la Agencia de Inteligencia norteamericana (CIA, por sus siglas en inglés) y con manifiestas aspiraciones presidenciales, el ex funcionario es considerado un "traidor".

"Que nadie se deje masajear el ego. Atentos con los traidores, atentos con los 'rumoreadores', intrigantes y divisionistas. Así opera el enemigo", reiteró Maduro el domingo durante un acto público.

Sabotaje a la democracia

Si entre los años 2002 y 2003, Venezuela estuvo al borde de la crisis política, social y económica debido a un golpe de Estado y un sabotaje a la industria petrolera, propiciado por la oposición, la encrucijada que vive Maduro en 2017 no es menos áspera.

La negativa de la derecha a mantener el diálogo, los focos de protestas violentas que han dejado más de 70 víctimas y el llamado a atizar las fricciones por parte del antichavismo es un caldo que, ahora, amenaza con afectar los comicios que se celebrarán en menos de un mes: la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).


Para Maduro, esa convocatoria es la salida pacífica para desescalar el conflicto. Para la oposición, un "fraude". Este lunes, la derecha anunció que se organizaría para impedir el derecho al voto a quienes salgan a sufragar en el proceso constituyente, y celebraría un "plebiscito" en menos de dos semanas sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que contraviene lo estipulado por las leyes venezolanas.

Según lo voceros de la derecha, el objetivo es claro: desconocer al gobierno por una vía antidemocrática, es decir, con una "votación" ilegítima y sin árbitro. El gobierno, por su parte, tiene como objetivo de celebrar el comicio a fin de mes y así evitar una salida golpista. En Venezuela, julio será el mes de las definiciones.