© Fabián SimónDaroca (Zaragoza), cabecera de una de las comarcas más despobladas de España.
Esa crítica lista de provincias en agonía demográfica la lidera Soria, donde un 94% de sus municipos están en riesgo extremo de extinción. De los 183 municipios que tiene Soria, solo once tienen más de mil habitantes, 164 tienen menos de 500 y, de éstos, la inmensa mayoría (116) no pasan de cien empadronados. Algunas de esas localidades se quedan totalmente vacías en invierno.
A Soria le sigue la provincia de Zamora, donde 93 de cada 100 municipios están en riesgo de extinción - tienen menos de mkl habitantes - . Es prácticamente el mismo índice que presenta la provincia de Burgos, mientras que en Ávila, Salamanca y Teruel las localidades amenazadas por la extinción son el 92%.
En Palencia, Guadalajara y Segovia la tasa de riesgo de extinción demográfica ronda el 90% de todos sus municipios, mientras que en las provincias de Cuenca y Huesca ronda el 87%.
La Rioja también presenta una situación crítica: el 84% de todas sus localidades tienen menos de mil habitantes. De los 174 municipios que tiene esta autonomía uniprovincial, 134 no pasan de quinientos empadronados, y 60 de ellas ni siquiera tienen más de 100 vecinos censados.
Valladolid y Zaragoza han entrado en la lista de provincias con territorios agonizantes por la despoblación. En Valladolid, el 82% de todas sus localidades tienen menos de mil habitantes, cifra muy similar a la que ya se da en la provincia de Zaragoza, que se consolida como el caso de desequilibrio demográfico más extremo de España, por la enorme brecha que se da entre la capital y el resto de la provincia. Zaragoza es una de las cinco mayores urbes de España, pero a su alrededor tiene un erial demográfico cada vez más acusado: ocho de cada diez municipios de la provincia están en riesgo de despoblación.
El panorama empeora progresivamente y cada vez son más las provincias afectadas con más o menos vigor por el avance del desierto demográfico. Además de esas catorce provincias que presentan una situación crítica, otras ocho están en graves apuros: Lérida, León, Cáceres, Navarra, Castellón, Gerona, Álava y Tarragona, porque más de la mitad de los municipios de cada una de estas provincias están en riesgo de extinción demográfica. En Lérida y en León la tasa de localidades con menos de mil habitantes ronda el 71%; al 69,5% asciende en Cáceres y Navarra; al 66% en el caso de Castellón, mientras que en Gerona es del 59%, del 57% en Álava y del 53% en Tarragona.
Y, además de todas esa provincias, varias más están ya en zona de peligro. En particular, Almería y Albacete, donde el 49,5% de sus municipios no alcanzan los mil habitantes.
Este espinoso mapa demográfico es consecuencia de una continua y acusada despoblación de la España rural, que en términos de superficie supone la mayor parte del país. Es un problema que viene de lejos, que no ha tocado fondo y que, de hecho, se está agravando a velocidad de vértigo. Como avanzó recientemente ABC a partir de los datos de población certificados por el INE, la España rural se desangra demográficamente a un ritmo medio de cinco habitantes menos cada hora. En el último trienio, la España rural ha perdido población a un ritmo promedio de 45.000 habitantes menos cada año.
De los 8.124 municipios que hay en España, 4.983 están amenazados por la extinción demográfica, al subsistir con menos de 1.000 habitantes empadronados y estar afectados, de forma más o menos intensa, por procesos de regresión vegetativa.
Problema económico y riesgo patrimonial
El ritmo al que se está despoblando la mayor parte de España resulta problemático en múltiples vertientes: económica, patrimonial y medioambiental. Como han advertido ya varios gobiernos autonómicos que llevan años exigiendo que la despoblación cuente como factor añadido en la financiación autonómica, es mucho más costoso prestar los servicios públicos esenciales en territorios despoblados -con poca población, envejecida y muy dispersa en el territorio-. Además, que los pueblos se vacíen conlleva problemas de sostenimiento de su patrimonio histórico-artístico, lo que engarza también con la dificultad de garantizar la seguridad en territorios azotados por el desierto demográfico.
La vertiente medioambiental es otra de las castigadas por la despoblación. Como han advertido colectivos ecologistas -y también algunas administraciones públicas-, la pérdida de habitantes supone un factor de riesgo para la conservación del medio natural. En verano, coincidiendo con la época de máximo riesgo de incendios forestales, este problema se evidencia con más vigor: a menos presencia humana en el medio rural, montes y campos menos cuidados, y más vulnerables frente al fuego.
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