PSOE y Podemos han retirado hoy la polémica enmienda que habían presentado de forma conjunta al proyecto de Ley en materia de gestión y organización de la Administración, que planteaba la adición de una disposición sobre consolidación de grados, algo que desató la indignación de los sindicatos. Una propuesta que pretendía blindar privilegios a los funcionarios que accedan ‑o hayan accedido‑ a altos cargos, los cuales conseguirán una mejor posición en la escala funcionarial en un tiempo récord y sin necesidad de tener que pasar por procesos selectivos.
José García Molina (Podemos)
José García Molina (Podemos) se ha quedado sin su sueldo para toda la vida.
Esta propuesta, ahora desechada por su propios promotores, no solo garantizaría la mejora de sus sueldos una vez que abandonen el cargo y regresen a sus puestos en la Administración, sino también de sus pensiones, abriéndoles además la posibilidad de optar a cargos para los que de otra forma únicamente podrían haber concurrido por la vía de la cualificación.

El anuncio lo han realizado en rueda de prensa los presidentes de ambos grupos parlamentarios, Rafael Esteban y María Díaz, que han decidido atender la petición realizada al respecto desde el Ejecutivo de Emiliano García-Page. Una solicitud que ha realizado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, a los dos partidos ante la "confusión" creada en los últimos días y para poder así explicar la propuesta a los agentes sociales.

La respuesta de los grupos a la petición del Gobierno no se ha hecho esperar, y mientras en la sala de comisiones Ruiz Molina seguía su comparecencia para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos, Esteban y Díaz informaban sobre la decisión de retirar la enmienda conjunta.

Esteban ha señalado que ambos partidos han escuchado al Gobierno y han considerado "oportuno" retirar las enmiendas "que hacen referencia a esta parte en cuestión". No obstante, ha precisado el diputado socialista, "nos gustaría que se iniciasen todos los trámites de diálogo", de modo que tanto el Gobierno como los sindicatos e incluso los grupos parlamentarios, puedan participar "de forma coherente y razonada" en algo que consideran "tiene que ser justo", por lo que no deben existir, como en estos momentos, "elementos que distorsionen una decisión que en ningún momento tenía la intención que todos, incluido sobre todo el Partido Popular, han querido hacer" de la misma

Asimismo, el socialista ha precisado que en realidad la medida propuesta afectaría a los altos cargos que estuvieron en el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que eran funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se reincorporaron a su puesto, en concreto catorce, puesto que "a los actuales, ni siquiera a los consejeros, ni a los directores generales" les afectaría porque "ya tienen consolidado su grado hasta el máximo".

Por su parte, Díaz ha reiterado los argumentos que minutos antes apuntaba el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente segundo del Ejecutivo regional a través de su cuenta de Facebook. Una publicación en la que José García Molina insiste en la defensa de su formación de que "el ejercicio de la actividad política no puede suponer ninguna forma de privilegio", pero tampoco ‑precisa‑ "un menoscabo de los derechos profesionales, laborales y personales" de quienes se comprometen con el servicio público.

Asegura García Molina que "el espíritu de la enmienda" no persigue establecer privilegios ni aumentos de salario, sino que con ella se intenta "reparar una discriminación hoy existente" para con algunos de los trabajadores públicos que "dan el paso a la política y ven cercenada la posibilidad de progresar en su carrera profesional en igualdad de condiciones con el resto de funcionarios". Algo, precisa Molina, que "es posible ahora, aunque por un sistema que efectivamente y objetivamente perjudica a quien desempeña un cargo de responsabilidad en la Administración", por lo que les deja en "inferioridad de condiciones".

Es por ello, argumenta el secretario regional de Podemos, que "muchas personas valiosas, con carreras profesionales reconocidas y exitosas, no dan el paso a la política", al suponer "una pérdida de condiciones laborales y de promoción profesional".


Comentario: Este argumento de la discriminación como excusa para poder privilegiar a altos cargos políticos que está utilizando ahora Podemos no es nuevo, ya lo han utilizado muchos miembros del PP en el pasado. El último que recordamos fue Pablo Casado para defender las puertas giratorias. Parece ser que los opuestos se atraen cada vez más hasta el punto de compartir el mismo argumentario político.


Desde la formación morada insisten en su intención de "combatir" la profesionalización de la política, pero subrayan la existencia de "bastantes trabas" para comprometerse en el servicio público si, al querer volver al puesto de trabajo, las carreras profesionales se han visto perjudicadas. Es por ello que "si no se equiparan derechos y obligaciones con el resto de niveles de la función pública, es posible que pocos funcionarios o trabajadores de alta competencia y nivel se comprometan con la práctica política y luego regresen a sus trabajos". Lo cual favorece la consolidación de una clase política profesionalizada, "exactamente lo que queremos evitar".

No obstante, y debido al malestar y a las dudas que ha generado entre la sociedad civil, entre los sindicatos de los funcionarios y entre los propios trabajadores de la Administración, desde Podemos han decidido retirar la enmienda. "Hablaremos con todas las partes afectadas para saber su opinión y buscaremos una vía de solución consensuada" para que la actividad política "no suponga privilegios, pero tampoco menoscabo de los derechos de nadie".

Concluye García Molina recordando que su formación pretende "cambiar la política", lo cual incluye también "cambiar las condiciones en que se realiza".