El Gobierno de Colombia descartó una ruptura del cese del fuego bilateral y de hostilidades que mantiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que esa guerrilla se adjudicara el asesinato de un gobernador indígena, informa un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).
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© REUTERS/ Jaime Saldarriaga
"Ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del Cese al Fuego de forma unilateral y automática", afirma el comunicado.

El pronunciamiento se dio luego de que el ELN comunicara en la noche del 29 de octubre que el 24 de octubre miembros del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez dieron muerte a Aulio Isaramá Forastero, gobernador del Resguardo Indígena Catru, Dubaza, Ancoso, del municipio de Alto Baudó (Chocó, noroeste).

De acuerdo con la guerrilla, la muerte del líder indígena no fue premeditada y se dio en momentos en que era conducido por cinco rebeldes a una zona apartada de su población para indagarle sobre información que lo vinculaba con inteligencia militar, escenario en el cual Isaramá se abalanzó contra uno de los insurgentes y murió por disparos.

Al respecto la OACP indicó este 30 de octubre que "según lo previsto en los protocolos que rigen el cese al fuego, la Mesa Pública de Conversaciones (de paz, en Quito) evaluará los incidentes graves, como este, previo informe del Mecanismo de Veeduría y Verificación", conformado por integrantes de la ONU.

Del mismo modo, agregó que "evaluará toda la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones que correspondan frente a la continuidad del cese al fuego".

Según el Gobierno, deberán analizarse también las palabras de reconocimiento y petición de perdón por parte del Frente Occidental del ELN respecto de lo sucedido, así como su compromiso de no repetición de hechos como este.

"El ELN tendrá que implementar acciones concretas para garantizar que hechos tan dolorosos como este no vuelvan a repetirse y para que los responsables del asesinato del gobernador Isarama Forastero sean puestos a disposición de las autoridades", instó la OACP.

Por último ese organismo rechazó el asesinato de Isaramá y de otros líderes sociales, y precisó que el cese del fuego no suspende ni limita de ninguna manera la función constitucional de la Fuerza Pública, por lo que esta mantendrá su presencia en todo el país "para garantizar la seguridad y protección de los derechos de todos los colombianos".

El asesinato del líder indígena es la primera violación al cese del fuego bilateral y de hostilidades que sostienen el Gobierno y el ELN desde el pasado 1 de octubre hasta el 9 de enero de 2018 con el objetivo de "desescalar" la violencia en el país y dar "muestras de confianza", en el marco de un proceso de paz que ambas partes adelantan desde febrero pasado en Quito.