La sentencia del TS contra los líderes independentistas catalanes demuestra que España es un Estado democrático capaz de defender su integridad territorial, opinó en declaraciones a Sputnik el director científico del Club Internacional de Debates Valdái y redactor jefe de la revista 'Rusia en la política global', Fiódor Lukiánov.
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© CC BY 2.0 / Francesc_2000 / Generalitat de Catalunya
El politólogo ruso subrayó que "España es un país democrático, avanzado y bastante progresista en cuanto a su estructura política, pero eso no impide que el Estado defienda con dureza los principios de su integridad territorial".

"Cuando se trata de un desafío grave para un Estado, cualquier Estado, incluido el más democrático, reacciona con una respuesta muy dura, y las sentencias dictadas para los líderes separatistas muestran que no fueron regañados, sino castigados con dureza como un ejemplo para los demás", dijo el también presidente de la oenegé Consejo para la Política Exterior y de Defensa.

Para Lukiánov, el problema de Cataluña permite reflexionar sobre el papel de un Estado soberano en la política internacional de la actualidad.

Afirmó que "desde el siglo XVII los Estados soberanos siempre han jugado el rol principal".
"Pero a finales del siglo XX, en una oleada de la globalización liberal surgieron los conceptos de que un Estado en su forma antigua, aislado en sus fronteras, pierde su importancia y todo se va a desarrollar según otros principios: las fronteras se van eliminando, en la economía no hay ninguna barrera, cambia la política, etcétera", señaló.
El experto apuntó que esta tendencia es "muy fuerte" y desemboca en la "revisión de qué es una soberanía".

Sin embargo, subrayó, "la práctica ha demostrado que no son tendencias estratégicas, sino más bien coyunturales y temporales, porque ahora lo que vemos es un aumento del papel del Estado como institución".

"Lo vemos en la economía, en la política, y también en la cultura y los valores", constató.

Lukiánov enfatizó que "el péndulo oscila del cosmopolitismo hacia lo nacional".
"Y sin duda alguna el Estado no va a ceder ante esta presión de cambios y se defiende ante cualquier ataque, y España es un ejemplo de ello", apuntó.
El Tribunal Supremo anunció el 14 de octubre las condenas contra los líderes independentistas catalanes por el proceso político que llevó a la convocatoria del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y a la posterior adopción de una declaración de independencia que no llegó a ser aplicada.

La mayor condena recayó sobre el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición agravado por otro de malversación.

Para otros exconsejeros del Gobierno catalán, las penas son de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, también por un delito de sedición en concurso de otro de mediación y para los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, las condenas son de 9 años prisión y 9 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición sin concurrencia de malversación