La visita de la familia real a Barcelona con ocasión de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Girona ha suscitado, como era de esperar, ruidosas manifestaciones por parte del independentismo. La figura del Rey ha sido denostada y, junto a las esteladas de rigor, se ha visto ondear alguna que otra bandera republicana. Cabe decir, sin embargo, que hay mucha trampa en la retórica anti-monárquica de estas protestas.
sentencia del Supremo
© Enric Fontcuberta
Estudiantes, la mayoría de Secundaria y Bachillerato, se manifestaron ayer en Barcelona para protestar por la sentencia del Supremo sobre los líderes independentistas y pedir su libertad y acabar con la « represión »
De hecho, contienen mucho más relato "procesista" que auténtico espíritu republicano. No se trata tanto de cuestionar la corona propiamente dicha como la democracia española. El "clamor republicano" juega al equívoco e intenta envolver al independentismo en el aura de la lucha de anteriores generaciones contra la tiranía.

Pero la española es hoy una monarquía parlamentaria. La función y atribuciones del monarca están acotadas por la Constitución. Por supuesto, quienes, por tradición de izquierdas, bebemos de la cultura republicana, hubiéramos preferido que, tras la dictadura, la jefatura del Estado fuese encarnada por una presidencia electa en lugar de una sucesión dinástica. La compleja historia de la transición hizo que eso no fuera así. Pero, más allá de cualquier consideración crítica al respecto, la continuidad de la institución monárquica, resignificada en el nuevo ordenamiento jurídico, no desdice en absoluto su carácter de "Estado de derecho, democrático y social". Mal que pese a los voceros del "procés", España cumple con los estándares de las democracias homologadas de nuestro entorno. Tanto aquellas que adoptan una forma republicana, como las que conservan monarquías protocolarias o simbólicas al frente del Estado. ¿Alguien cuestiona acaso la plenitud democrática de los países nórdicos, de Holanda o del Reino Unido?


Comentario: España "cumple con los estándares de las democracias homologadas de nuestro entorno", pero no es una verdadera democracia desde el punto de vista formal, como tampoco lo serán seguramente la mayoría, si no todas, las demás democracias occidentales.


Quien, en cambio, no cumplía en modo alguno con los requisitos de un régimen democrático era la República Catalana perfilada a través de la "Ley de transitoriedad jurídica" que se votó el 7 de septiembre de 2017 en el Parlament. Aquella protoconstitución esbozaba un Estado de rasgos autoritarios - sin separación de poderes - y acaso totalitarios - al poner en manos de un "proceso participativo", impulsado por "entidades sociales", la misión de acotar de los trabajos de la futura Asamblea Constituyente. La soberanía nacional quedaba, pues, definida de antemano por quienes se erigían como depositarios de "la voluntad del pueblo". La arquitectura política de la República de Puigdemont era mucho menos democrática y garante de los derechos de la ciudadanía que la monarquía parlamentaria de Felipe VI y su Estado de las Autonomías. Así de claro.


Comentario: Hay que recordar que en el Estado español tampoco hay separación de poderes.


El conflicto actual no es la continuación del movimiento de las clases trabajadoras y populares de las primeras décadas del siglo XX, izando la bandera tricolor de la libertad y el progreso social frente a la monarquía corrupta de Alfonso XIII. No. La República de Septiembre representa la ensoñación - dicho sea con permiso del Supremo - de las clases medias de una región rica de Europa, angustiadas y deseosas de conjurar la amenaza de decadencia que la crisis del orden global proyecta sobre los Estados, buscando refugio en una identidad nacional y tratando de salvarse por su cuenta. Esa República no puede ser democrática: basa su legitimidad en un demos excluyente, necesita comprimir sus contradicciones sociales... Y cada vez más, como lo demuestra el discurso que emana de la corte de Waterloo, entrevé su viabilidad en una dinámica de implosión de la Unión Europea.

ERC no podía faltar, marchamo republicano obliga, en las protestas contra el Rey. Ernest Maragall reconvertido en CDR. El papel de este partido condensa de algún modo los rasgos del actual conflicto. En un reciente artículo ("Quiénes hemos ganado?", El País, 3/11/2019), Javier Cercas criticaba el cinismo imperante durante estos últimos años entre una parte fundamental de la clase dirigentes catalana, "desde algunos grandes empresarios hasta eso que antes llamábamos intelectuales": "Los primeros lanzaron el "procés" como un tren con el que atravesar a toda máquina la crisis económica, apoltronados en un vagón de primera, hasta que, cuando el convoy se les fue de las manos porque el maquinista que habían contratado puso en su lugar a un descerebrado, tuvieron que cambiar de estrategia apostando a Dios y al diablo: con una mano pactaron con el Rey la salida de Catalunya de sus empresas, para bajarse en marcha del tren, y con la otra siguieron financiando organizaciones y periódicos que añadían carburante a la locomotora suicida".

En medio de esa vorágine que ha dislocado las representaciones políticas tradicionales - hoy vemos a los herederos de Convergència disputarse con la CUP los votos de las clases medias altas -, ERC ha creído llegado su momento histórico: no sólo la oportunidad de hacerse con la hegemonía del independentismo, sino de alzarse como un gran partido nacional, capaz de liderar Catalunya. Sin embargo la formación de Oriol Junqueras no consigue escapar a su congénita naturaleza de clase. Sigue siendo, como decía Andreu Nin, "el partido del señor Esteve", capaz de alternar grandes arrebatos y lamentables gestos de impotencia; grandilocuencia nacional y mentalidad provinciana. ERC es el partido por excelencia de la pequeña burguesía, en su forma más clásica en las comarcas interiores así como en sus modernas expresiones urbanas. Odia a las élites dirigentes y, al mismo tiempo, quisiera parecerse a ellas; sueña con desplazarlas, pero le tiemblan las piernas en el momento decisivo. Y así va de aventura en frustración... de la que se recupera en cuanto vislumbra la posibilidad de una nueva aventura.

Estos día hemos visto a ERC - que, supuestamente, aspira a capitanear un giro pragmático del independentismo - aportar su pátina republicana a unas movilizaciones que tomaban como pretexto al Rey para mantener vivo el conflicto con España. "Los partidos resultaron desbordados en 2017 por las entidades soberanistas - escribe Milagros Pérez Oliva - y ahora ambos están siendo desbordados por los grupos radicales". (El País 2/11/2019) El genio no quiere volver a la botella. Y, hoy por hoy, ERC no parece dispuesta a contrariarlo. Jordi Amat ha dicho en más de una ocasión que, para salir del actual atolladero, España necesita un líder audaz y Catalunya un "traidor". A la espera del panorama que puedan dibujar los comicios del 10-N, la crisis de dirección sigue abierta. Cada nuevo acontecimiento lo pone de manifiesto. La clave reside en el papel que pudiese llegar a jugar la izquierda social, ese amplio espacio que configuran PSC y comunes, planteando con decisión el horizonte de un desarrollo federal de la Constitución española y un claro compromiso con la integración europea.

Alguien se olvidó de la declaración de Granada en el programa del PSOE; la tupida agenda de la alcaldesa de Barcelona le permitió esquivar el encuentro con quien es, guste o no, jefe del Estado... Estos días hemos visto también las dudas que subsisten en la izquierda y las presiones que el nacionalismo de uno y otro signo ejerce sobre ella. Sin embargo, al margen del federalismo, no existe otra perspectiva democrática en la actual encrucijada histórica. Cuidémonos de los tahúres que exhiben escarapelas republicanas.