Un contingente integrado por dirigentes de varias organizaciones sociales y de derechos humanos de Argentina recién llegado a Bolivia denunció presuntas amenazas lanzadas por el ministro de Gobernación del Gobierno de facto Arturo Murillo.
Arturo Morillo
© AFP 2019 / Aizar Raldes
"Extranjeros que están llegando al país, hechos a mansas palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo", dijo Murillo en declaraciones a la prensa.

El ministro añadió que "el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición se van a ver con los policías".

La comitiva argentina, que incluyó al líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, fue hostigada el 28 de noviembre por fuerzas de seguridad a su llegada al aeropuerto Viru Viru en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este), según denunció el propio expresidente de Bolivia, Evo Morales, (2006-2019).

"Catorce integrantes de la delegación argentina fueron retenidos por grupos de choque golpistas en Santa Cruz y sometidos a interrogatorio por la Policía", dijo el exmandatario en un mensaje en Twitter desde México, donde se encuentra exiliado.

El contingente argentino, del que forman parte una treintena de personas, llegó a La Paz para elaborar un listado de personas que hayan visto vulnerados sus derechos por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

"Mientras el Gobierno de facto nos acusa de terroristas, hemos comenzado lo que vinimos a hacer: tomar testimonio de las diferentes violaciones a los derechos humanos que está sufriendo el pueblo boliviano", informó la representación argentina en un comunicado.

La delegación se trasladó hasta la iglesia San Francisco de Asís en Senkata, una zona de El Alto a 40 kilómetros de La Paz, para reunirse con familiares de víctimas de la violencia poselectoral y representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos.

El propósito de su viaje es elaborar una serie de registros que den cuenta de las personas detenidas en unidades judiciales o en cárceles y de los heridos hospitalizados o que estén en sus hogares "porque son rechazados por el sistema de salud", detalló la comitiva.

También se elaborará otro listado con familiares de asesinados o desaparecidos, y un tercer documento sobre las campesinas e indígenas que por su condición de mujeres hayan sido hostigadas, amenazadas, o que hayan sufrido violaciones a su integridad sexual.
"Las entrevistas están coordinadas por abogados y abogadas especializados y las víctimas son asistidas por la comitiva de militantes y referentes derechos humanos y sociales de la delegación", aclaró el grupo.
Integran la comitiva la Asociación Americana de Juristas, el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha y la ONG Xumek.

También forman parte de la comitiva integrantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, además de la directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, Victoria Freire, entre otros.