(España) - El Ejecutivo considera que el «pin parental» vulnera el derecho de toda persona a ser educada.
Tus hijos son propiedad del estado: Celaá justifica su rechazo al «pin parental» en que los «hijos no pertenecen a los padres»
© EFE
La ministra de Educación Isabel Celaá, la Ministra Portavoz y de Hacienda María Jesús Montero y la ministra de Igualdad Irene Montero, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que retire el uso del «pin parental» de los centros educativos, que está vigente desde el inicio del curso 2019-20. Así lo señaló este viernes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el segundo del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y en el que Montero se hizo acompañar de otras dos ministras, la titular de Educación, Isabel Celaá, y la de Igualdad, Irene Montero.

Pese a que miembros del Gobierno, como Pablo Iglesias, han sido muy vehementes al defender los efectos negativos de judicializar la política, una de las primeras medidas anunciadas este viernes por el Ejecutivo es la de hacerlo, al amenazar con que si Murcia no da marcha atrás con su iniciativa educativa, recurrirán a los tribunales. Así de contundente se mostró la ministra de Educación, quien subrayó que el «pin parental» vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. «Es un instrumento de censura educativa que no podemos tolerar en nuestras escuelas», advirtió Celaá, quien recordó que se trata de una medida que «contraviene las competencias del centro educativo». Por ello, reclamó «que la legalidad se restablezca» y se proceda a la retirada de este instrumento.

«Objeción encubierta»

El «pin parental» es una iniciativa promovida por Vox y que ha permitido al Gobierno de coalición de Murcia formado por PP y Ciudadanos desbloquear los presupuestos de 2020. Se trata de una solicitud de autorización expresa de los padres de un alumno, para que éste pueda participar en actividades organizadas por el centro educativo, cuando tengan contenido que afecte a cuestiones morales, sexuales o de conciencia. Dichas actividades se enmarcan dentro del horario escolar, es decir, son obligatorias. Por eso, los que defienden el pin dicen que los padres tienen derecho a estar informados y poder mostrar su disconformidad razonada.
«Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios, en libertad y en feminismo, de amar a quien quieran y cuando quieran», afirma Irene Montero



Comentario: Un discurso "buenista" y para-moralista para dividir a la sociedad y, así, mantener los privilegios de los políticos estatales. Esto es muy peligroso, ya que lleva a destruir la familia, que es la base de la sociedad.


Mientras que para el PP y Vox el «pin parental» garantiza el derecho de los padres a que sus hijos sean educados según sus convicciones, la ministra de Educación lo ve como una «objeción de conciencia encubierta» para los contenidos curriculares. «Vulnera el derecho fundamental a la educación, que pertenece a cada persona desde su nacimiento. No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres», espetó. Según explicó, el uso de este «instrumento de censura» podría llevar a situaciones «tan absurdas tales como que un grupo de padres antivacunas impidiera que los niños se educaran sobre la efectividad de las vacunas», aunque la iniciativa de Vox no recoge contenidos de este tipo, sino de ideología de género, feminismo y educación afectivo-sexual.

Para evitar circunstancias como estas, el Ministerio de Educación envió el pasado jueves un comunicado en el que anunciaba que recurrirá por la vía judicial «cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado».

«Padres homófobos»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, que se estrenó ayer en la sala de Moncloa tras un Consejo de Ministros, anunció, por su parte, que va a solicitar su comparecencia en el Parlamento porque entiende que el «pin parental» supone «una ruptura del Pacto de Estado contra la Violencia de Género». De hecho, el líder de Unidas Podemos y vicepresidente Iglesias alude a él como «dispositivo machista».

Montero también lo definió como un elemento de «censura educativa» porque cuestiona la libertad de enseñanza en determinados valores. «Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios, en libertad y en feminismo, de amar a quien quieran y cuando quieran», señaló. Afirmó que la educación es «uno de los pilares de nuestra democracia» y espera en «que las fuerzas políticas de la derecha no se dejen llevar por Vox».

«Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias», aseguró Pablo Casado

Pese a que el «pin parental» se aplica en Murcia este curso, el líder del PP, Pablo Casado, salió este viernes a la palestra para recordar a Sánchez el papel subsidiario del Estado en la educación de los niños y que los hijos -contrariamente a lo que dijo Celaá- sí pertenecen a los padres. «Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias», escribió el presidente del PP en Twitter.

Más comunidades

Animadas por la ofrensiva del Gobierno, algunas de las comunidades gobernadas por el PP y Vox se pronunciaron a favor de la iniciativa puesta en marcha en la Región de Murcia. El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, defendió el «derecho a decidir» de los padres y aseguró que la medida se podría concretar en su región «dentro» del marco legal y de la ley de Educación.

En Madrid, donde podría repetirse la situación, el consejero de Educación e Investigación, Enrique Ossorio, dijo que el Gobierno regional está «abierto» al «pin parental». Una medida compartida también por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien consideró que cualquier iniciativa que garantice «el derecho fundamental» de los padres a educar a sus hijos «libremente» le parece «adecuada y acertada».

Adoctrinamiento

El líder de Vox, Santiago Abascal, afeó este viernes al Gobierno de Sánchez al recordarle que con su amenaza de llevar el «pin parental» ante la Justicia «hacen lo contrario de lo que ellos decían que había que hacer». «Vaya, vaya... el gobierno de Sánchez e Iglesias 'judicializando' la política. Su desmedido y sospechoso interés en adoctrinar a los niños sin control de los padres les juega malas pasadas», indicó en Twitter.

En medio de la polémica, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, negó que su partido haya pactado ese tema en Murcia o en cualquier otra comunidad donde gobierna con PP y el apoyo de Vox. «Siempre hemos votado en contra cuando se ha planteado. Es un mensaje erróneo porque no aceptamos ese concepto», puntualizó.

CEAPA considera el «pin parental» una «vulneración de derechos» mientras las de CONCAPA lo defiende

Las familias de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que reúne a miles de AMPAS de la educación pública, considera el «pin parental» «una vulneración absoluta del derecho a la educación de niños y niñas», mientras Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) celebra esta propuesta implantada en Murcia para que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo.

En declaraciones a EP, la portavoz de CEAPA María del Carmen Morillas ha mostrado el «absoluto rechazo» de su organización al «pin parental», una medida promovida por Vox que, en su opinión, promueve lo que «supuestamente denuncia» la formación de Santiago Abascal. «Porque supone adoctrinar a sus propios hijos, pero en casa», sostiene.

La portavoz de CEAPA también ha apoyado la decisión del Ministerio de Educación y Formación Profesional de recurrir ante los tribunales el «pin parental» en Murcia si el gobierno regional no retira esta medida, y coincide con la ministra Isabel Celaá cuando afirma que «los hijos no pertenecen a los padres».

«Somos sus tutores, pero nuestros hijos no son nuestra propiedad y tienen sus derechos, como a la educación», afirma María del Carmen Morillas de CEAPA.

Por contra, CONCAPA defiende el «pin parental» porque «tiene el formato de lo que venimos reclamando desde hace años, que es que se informe a las familias cuando se hacen actividades extracurriculares», explica a EP su presidente Pedro Caballero.

«Las familias pedimos que se garantice que lo van a recibir nuestros hijos entra dentro de nuestras convicciones», añade Caballero, que acusa al Estado de «invadir competencias educativas que corresponden a las familias».

En su opinión, «el Estado tendría que garantizar muy respetuosamente la pluralidad y no implantar una línea ideológica en los centros, porque cada uno puede pensar interiormente o familiarmente de otra manera», y pide que se limite «a la transmisión de conocimientos» y el «desarrollo de la igualdad, el resto y la tolerancia, las cosas normales en cualquier sociedad moderna», añade.

En ese sentido, califica como una «amenaza» la intención de la ministra Celaá de llevar el «pin parental» a los tribunales. «Nosotros ya veremos cómo responder a esa amenaza a la libertad de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos», apunta Caballero.