(Argentina) - Aunque el debate legislativo sobre la legalización está paralizado por el Coronavirus, el acceso al aborto legal sigue siendo un problema de salud pública.
A pesar de la histeria del coronavirus, la agenda abortista de las élites no se detiene
Se estima que en nuestro país se realizan cerca de 450.000 abortos al año. De esos, una gran mayoría se realiza en la clandestinidad. Por ese motivo, representa un riesgo para la salud de las mayoría de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deben acceder a la práctica (en sí misma segura) en condiciones de insalubridad.

En Argentina, el debate sobre la legalización se vio frenado por el cierre del Congreso en medio de la pandemia de COVID-19 (ni siquiera se conoce el proyecto que presentaría el presidente Alberto Fernández, según reiterados anuncios). Sin embargo, el acceso al aborto sigue siendo un problema de salud pública.


Comentario: No, el aborto es un arma de división social y un negocio para las farmacéuticas, y un enorme gasto innecesario. Más cuándo se están destruyendo los sistemas sanitarios por doquier. Pero eso no les importa a las élites y sus voceros.

Amnistía: La pandemia de COVID-19 no otorga a los Estados el derecho a limitar el acceso al aborto.

El Diario de Soros:
Las fuerzas conservadoras aprovechan la crisis del coronavirus para intentar restringir el derecho al aborto


La coordinadora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, aseguró que está garantizado el acceso a anticonceptivos y al aborto no punible por causales (violación, salud o riesgo de vida de la persona gestante). Así lo informó al diario Página/12: "El acceso a ILE sigue siendo prioritario y es una prestación de urgencia en el marco de la pandemia. También garantizar la entrega de métodos anticonceptivos. Estamos trabajando con cada una de las provincias y además, está disponible el 0800-222-3444 de Salud Sexual, para que las usuarias puedan llamarnos y podamos trabajar de forma conjunta para remover obstáculos para el acceso si hay problemas en algún lugar".

Sin embargo, no todas las provincias en nuestro país cuentan con un protocolo para garantizar el acceso a la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Esto genera obstáculos y demoras que, en un contexto de crisis sanitaria, multiplican las dificultades para las personas que necesitan acceder a abortos seguros.
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