El Capitolio aprobó el miércoles por la noche una ley para sancionar a los funcionarios chinos que están involucrados en la represión masiva de la comunidad musulmana uigur y otros grupos étnicos en la región de Xinjiang. Esa ley ya ha sido enviada al presidente Donald Trump en la Casa Blanca para su ratificación.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi
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La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi
La ley de sanciones a China tiene el respaldo de ambos partidos, demócrata y republicano, y es la primera que aprueba la Cámara de Representantes (Baja) por delegación de voto, ya que muchos diputados están ausentes de Washington por la pandemia de coronavirus. El voto final fue de 413 «síes» contra un solo «no».

A la espera de Trump

Trump ha indicado en el pasado que se inclina por ratificar la ley, aunque no ha anunciado una decisión firme. Si lo hace, las sanciones se unirán a una serie de duras medidas contra China por su gestión de la pandemia del coronavirus y por la represión de los manifestantes y las libertades civiles de Hong Kong.

«Las brutales acciones de Pekín contra el pueblo uigur deben ser indignantes para todo el mundo», dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en su intervención para presentar el proyecto de ley. Antes esta ya había sido aprobada por el Senado, de mayoría conservadora.

El Capitolio ya votó a finales del año pasado una condena — simbólica — contra el régimen comunista chino por su represión sistemática de las minorías uigur, kazaja y kirguisa en Xinjiang, una región al noroeste del país que linda con Rusia, Mongolia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Pakistán y Afganistán.

Represión china

Quienes han defendido esta ley en el Capitolio acusan a China de una campaña de represión masiva de ciertas minorías en Xinjiang por medio de vigilancia constante, detenciones arbitrarias y campos de trabajo forzado. «Es un genocidio cultural», ha dicho el diputado republicano Michael McCaul. «Debe haber graves consecuencias».

Los informes presentados en el Capitolio para apoyar la aprobación de esta ley describen prácticas de adoctrinamiento político forzado, torturas, palizas, privación de alimentos y tratamiento médico y, más comúnmente, prohibición de credo. El régimen comunista se niega a dejar entrar a inspectores internacionales.

China dice que esa campaña de control de Xinjiang, lanzada en 2014, obedece a su voluntad de poner coto a brotes de extremismo violento en la región. El régimen alega, por ejemplo, que lo que EE.UU. califica de campos de trabajo forzado no son más que centros de formación profesional.