El Ejecutivo ultima la adjudicación de un servicio de consultoría estratégica con el objetivo de priorizar la identificación de fraude en ámbitos como el de los falsos autónomos o la economía digital.
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El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
El Gobierno acelera en la lucha contra el fraude. La Tesorería General de la Seguridad Social ultima la adjudicación de un servicio de consultoría estratégica a Accenture. El ministerio encabezado por José Luis Escrivá ha seleccionado esta firma para llevar a cabo "trabajos de mantenimiento y desarrollo de la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social", según documentación oficial consultada por El Confidencial.

El objetivo de esta contratación "incluye el establecimiento de sistemas, basados en el análisis de los datos, que permitan el diseño y la implantación de nuevos controles destinados tanto a la comprobación de la veracidad y calidad de la información que afecta a la correcta ejecución de las obligaciones en materia de afiliación, cotización y recaudación, como a la detección del incumplimiento de las obligaciones establecidas en tales materias, incumplimiento que puede generar una reducción de ingresos en el sistema de la Seguridad Social, y por tanto un fraude a la Seguridad Social", señala el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Derivado de lo anterior, el contrato detalla que en lo relativo a la observación permanente del fraude, la Tesorería General de la SS deberá poder identificar, definir y describir nuevos focos y patrones de fraude. Y dentro de estos focos, asegura que se deben priorizar algunos tales como "la identificación de encuadramientos indebidos por la inclusión de trabajadores con una relación laboral por cuenta ajena en el Régimen Especial por Cuenta Ajena (RETA), con la finalidad de reducir el importe a pagar a la Seguridad Social [falsos autónomos]".

De manera análoga, el departamento que dirige Escrivá explica que "el desarrollo de nuevas tecnologías digitales, así como el uso generalizado de internet; determina la aparición de diferentes tipos de relaciones laborales, mercantiles, servicios, etc. Detrás del ámbito de esta economía digital, podrían ampararse situaciones de fraude a la Seguridad Social, para lo cual es necesario desarrollar procesos y dotarse de herramientas para la detección de nuevos focos de fraude a la Seguridad Social".

Además, alude a bolsas de fraude más genéricas, conocidas como el "fraude organizado, con el objetivo de promover expedientes de derivación de responsabilidad, la interposición de acciones judiciales por el Servicio Jurídico de la SS por delito a la propia institución". También alude a la detección de morosidad pasada, con el objetivo de establecer patrones que detecten la morosidad futura y desarrollar así acciones de control específicas o la identificación temprana de empresas ficticias o altas fraudulentas de trabajadores en empresas reales.

En la actualidad, el Gobierno quiere evitar que se le escape recaudación por algunos modelos de negocio que se han construido a caballo entre la economía digital y los falsos autónomos, como es el de los repartidores a domicilio, conocidos como 'riders'. En este sentido, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha estimado que los repartidores de Glovo no son autónomos sino trabajadores por cuenta ajena de la firma y la compañía no es una intermediaria.

Por dichas cuestiones, el organismo encargado de sufragar las prestaciones sociales en España, fundamentalmente las pensiones, busca un socio tecnológico que lo ayude a establecer sistemas que faciliten esta detección precoz del fraude, así como la mejora de la coordinación con otros organismos encargados de combatir la defraudación.

En este sentido, el contrato incluye un apartado específico que señala que, "en especial, se deberá trabajar con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con las Haciendas forales en la mejora de los sistemas de intercambio de información". "Además, habrá que trabajar en el desarrollo de nuevas líneas de coordinación con otros organismos, especialmente con el Ministerio de Trabajo, con Migraciones y Seguridad Social, así como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo".

Entre las labores del adjudicatario, también se encuentran cuestiones relacionadas con la formación y especialización del personal público, así como lanzar planes de concienciación social sobre los perjuicios de la defraudación.

Esta ofensiva lanzada por el Gobierno se produce en un contexto en que el Ejecutivo ha hecho especial hincapié en el aumento de la recaudación por la vía de la lucha contra el fraude, mientras en paralelo ha activado importantes partidas de gasto como la del ingreso mínimo vital, coordinado desde el departamento que dirige Escrivá. Tanto es así que en el plan presupuestario enviado a Bruselas la pasada semana, el Ejecutivo estima unos ingresos de 828 millones de euros por dicha persecución de la defraudación.

De esta partida, la más destacada (500 millones) correspondería, siempre según las estimaciones gubernamentales, a la adopción de las mejores prácticas internacionales en la prevención y lucha contra el fraude. "Se adoptan medidas normativas, organizativas y operativas en línea con las mejores prácticas internacionales, entre las que destacan las siguientes: 'right from the start', 'sales supression software', 'high net worth individuals', 'big data', y 'data analitycs", refirió el Ejecutivo de PSOE y Podemos a la Comisión Europea.

Es precisamente en este ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la lucha contra el fraude donde vendría Accenture a prestar su experiencia. Para ello, la Tesorería General de la Seguridad Social demanda un gerente y coordinador técnico, un consultor responsable de negocio y un analista de datos. Tres perfiles sénior con experiencia para desarrollar trabajos en el sector público al menos durante los próximos dos años por más de dos millones de euros.

El contrato de consultoría estratégica ha despertado gran interés entre los agentes del sector. Accenture se ha impuesto en un proceso competitivo a las cuatro 'big four' (Deloitte, KPMG, PwC y EY) y a Sas Institute, según la documentación oficial consultada por El Confidencial, que detalla que el departamento dirigido por José Luis Escrivá está cerrando los últimos flecos para adjudicar este servicio. La pasada semana, ya dio por buenas algunas subsanaciones de documentación que debía aportar Accenture. Se espera que en las próximas semanas eche a andar esta ofensiva contra los defraudadores.