Unidas Podemos considera necesario establecer medidas que permitan al Gobierno -del que forma parte- vigilar las redes sociales y borrar 'mensajes de odio'. Se votará como proposición no de ley en la Comisión de Interior del Congreso este lunes.
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Pablo Iglesias.
Unidas Podemos quiere que el Gobierno tenga capacidad de vigilar las redes sociales y de borrar los 'mensaje de odio'. Va a pedir en el Congreso de los Diputados la adopción de una serie de medidas para prevenir la propagación de esos 'mensajes de odio y facilitar que sean eliminados. La proposición no de ley se debatirán y votarán este lunes en la Comisión de Interior.

Podemos y sus confluencias consideran que la irrupción del coronavirus ha generado "una creciente polarización" en la opinión pública. Aseguran que diferentes grupos de opinión, utilizan las redes sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales para señalar a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la crisis sanitaria.

Dicen los socios de gobierno de Pedro Sánchez que "el dolor colectivo derivado del coronavirus se ha estado instrumentalizando con fines ideológicos" y consideran que se ha puesto en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de los que califican "linchamientos" digitales.

Unidas Podemos propone que España siga el ejemplo de Alemania y Francia, donde ya hay leyes que vigilan y eliminan los discursos de odio que circulan en internet.

24 horas para retirar mensajes de las redes sociales

El grupo parlamentario quiere que en sólo 24 horas esos mensajes que inciten al odio desaparezcan de internet. Creen que el Gobierno debe garantizar que los usuarios de las empresas tecnológicas dispongan de la información necesaria sobre cómo denunciar los contenidos que inciten al odio. Quiere que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes y que los operadores de las empresas dispongan de 24 horas para eliminarlos de la red. Ese plazo debería reducirse a solo una hora si las víctimas son menores.

Propone además la obligatoriedad de que los operadores almacenen temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial.