El ministro de justicia Juan Carlos Campo ha lanzado una propuesta de ley para reformar la ley de enjuiciamiento criminal, donde la facultad para instruir los procedimientos judiciales pasa de los jueces a la fiscalía que depende directamente del gobierno. Una injerencia absoluta en el derecho a la tutela judicial efectiva y perfecciona de todas todas un Estado policial.
Ruben Gisbert