Acusaron por error a 26.000 personas de retener dinero de ayudas sociales y las obligaron a devolver el dinero. Victimas demandaron a tres ministros y dos exfuncionarios por llevarlos a la quiebra.
Renuncia,gobierno holandés,mal manejo de subsidios,calle,miles de familias
© EFE /Bart Maat /Archivo
El primer ministro holandés Mark Rutte.
El primer ministro holandés, Mark Rutte, anunció el viernes la renuncia de su gobierno, sacudido por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las ayudas sociales y quedaron en la ruina.

"El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno, y aquí esto fracasó de forma estrepitosa", declaró Rutte en una rueda de prensa. El funcionario agregó que había presentado la renuncia de su gabinete al rey Guillermo Alejandro, a sólo dos meses de las elecciones legislativas y en plena crisis sanitaria.

"Estamos todos de acuerdo: cuando todo el sistema fracasa, sólo se puede asumir una responsabilidad conjunta", agregó. Sin embargo, el Ejecutivo quedará en funcionaes hasta la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones.

El escándalo que hizo caer el gobierno de Rutte

Unas 26.000 familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las prestaciones sociales y obligadas a devolverlas, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros. Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, en base a su doble nacionalidad. Se ha "criminalizado a personas inocentes, sus vidas fueron destruidas", admitió Rutte.

Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 et 2019, y les obligaron a devolverlas de forma retroactiva. En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros.

Renunció,gobierno holandés,mal manejo de subsidios,calle,miles de familias
El comité parlamentario concluyó que se había cometido una "injusticia sin precedentes" contra los padres, que recibieron un "trato institucionalmente sesgado", lo que "viola los principios del Estado de derecho", y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber "cometido errores" y haber hecho la vista gorda ante estas disfunciones.

La presión contra el gobierno aumentó el jueves tras la renuncia del jefe del Partido Laborista holandés (PvdA), en la oposición, Lodewijk Asscher, ministro de Asuntos Sociales de 2012 a 2017, en la anterior coalición gubernamental de Rutte.

El abogado de víctimas, Vasco Groeneveld, interpuso el martes una demanda contra tres ministros en el cargo y dos exministros, entre ellos Asscher.

Había trascendido que los funcionarios de impuestos habían procedido a una "distinción étnica" de unas 11.000 personas en base a su doble nacionalidad, incluyendo a algunas de las que están afectadas por el caso de las prestaciones familiares.

En diciembre, el gobierno holandés dijo querer pagar en los próximas cuatro meses al menos 30.000 euros cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.

“Estoy llorando (...). Esto es lo correcto, no podría haber sido de ninguna otra manera. Estuve en la miseria durante años, y lo peor para mi fue que mi hija lo pasó muy mal, no quería seguir viviendo”, contó Kristie Rongen, una de las víctimas del escándalo de las prestaciones, a la radio pública NPO tras conocer la dimisión del Gobierno.

Rutte dirigió tres gobiernos de coalición desde 2010. En 2017, su partido llegó por delante de la formación del diputado de extrema derecha Geert Wilders. Según los últimos sondeos, la formación liberal-conservadora (VVD) de Rutte podría encabezar de nuevo las elecciones legislativas, aupado por su gestión de la pandemia.