© El CorreoLos hosteleros se han manifestado esta mañana frente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una decisión reversible. «La apertura de la actividad hostelera, en las condiciones antedichas, no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública. Debe recordarse las medidas cautelares adoptadas 'podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiasen las circunstancias en virtud de las cuales se hubieren adoptado'», aclara el documento. Además, se trata de una medida cautelar dictada por sala de lo contencioso-administrativo, por lo que cabe recurso de reposición en un plazo de cinco días. El último listado del Gobierno vasco, publicado ayer lunes, incluía 85 municipios (entre ellos las tres capitales vascas) donde los bares no podían levantar la persiana.
En ese sentido, el TSJPV se muestra contundente con el perjuicio económico que supone el cerrojazo para un sector que da empleo a unas 60.000 personas a pesar de reconocer en su auto que son necesarias «medidas que dificulten la expansión» de la pandemia. La sentencia defiende que el cierre de la hostelería en zona roja «genera un grave quebranto económico» de «muy difícil reparación» ante «la realidad del cierre definitivo de un número no desdeñable de negocios», de forma tal que «una posible indemnización futura, de producirse, no restablecería la situación fáctica actual». Se trata de la doctrina 'periculum in mora'. El TSJPV se apoya en el informe de la Dirección de Salud Pública del Gobierno vasco del pasado 3 de febrero. La sentencia explica que dicho documento recoge «que la incidencia mínima del virus se produjo el 27 de diciembre de 2020». Y continúa: «Para esa fecha, con importantes limitaciones, la hostelería llevaba abierta 15 días (...) sin que tal incidencia se elevase lo más mínimo». Además, el fallo recuerda que «días antes de la escalada del nivel de contagios comenzaron a producirse encuentros y reuniones familiares», lo que podría «producir en torno al 80% de los contagios», según «una parte importante de los epidemiólogos».
Por tanto, los bares en zona roja podrán abrir con las medidas vigentes en aquellos municipios fuera de esta alerta de máxima transmisión. El consumo en barra está prohibido y solo podrá ser en mesa. En terraza el aforo será del 100% y en el interior de los establecimientos queda limitado al 50%. Tampoco podrán abrir entre las 20:00 y las 06:00 horas y en todo momento es obligatorio el cumplimiento de las medidas anti-Covid. Por ejemplo, el cliente solo podrá retirarse la mascarilla en el momento justo de la ingesta de comida o bebida, para volver a ponérsela inmediatamente. Los pedidos podrán entregarse en el local hasta las 21.00 horas y el reparto a domicilio hasta las 22.00 horas.
«Las medidas están dando sus frutos»
La decisión judicial supone un enorme imprevisto para la hoja de ruta de departamento de Salud justo en el momento en el que la pandemia comienza a dar ligeros signos de mejora. Ayer mismo su titular, Gotzone Sagardui, advertía de que «las medidas están dando sus frutos, pero si no se mantienen no se conseguirán los resultados que buscamos», en referencia a la posible reapertura de la hostelería. Su temor hoy se ha confirmado, con la reunión del LABI -Consejo Asesor del Plan de Protección Civil- a la vuelta de la esquina. Será este viernes, aunque la consejera dejó entrever que no se contempla alivio alguno de las actuales restricciones impuestas para frenar la pandemia. «Estamos en una situación grave y complicada, con el sistema sanitario muy tensionado. máxima prudencia es lo más adecuado en estos momentos», advirtió. También insistió en que la media del índice acumulado sigue estando por encima de los 600 casos y todavía hay 84 municipios que superan los 500, aunque también dejó entrever que no se pretende endurecer la actual normativa.
De esta forma, el TSJPV ha desestimado las alegaciones presentadas ayer por Lakua y pone fin al tercer cerrojazo que sufre la hostelería desde el inicio de la pandemia. Fue el pasado viernes cuando las asociaciones hosteleras de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa anunciaron que solicitarían estas medidas cautelarísimas contra la decisión del Ejecutivo autonómico de cerrar los bares y restaurantes de los municipios que se encuentran en zona roja, donde la incidencia acumulada supera los 500 contagios por cada 100.000 habitantes.
No es la primera guerra juidicial que los hosteleros emprenden contra las restricciones del Gobierno vasco en su actividad. El pasado agosto pidieron que se levantara el límite horario del ocio nocturno fijado en verano a las 1.30 horas de la madrugada. Entonces su petición tuvo éxito, aunque solo permaneciese en vigor dos semanas. Esta vez la estrategia de los hosteleros se ha adelantado a posibles nuevas restricciones del LABI. El sector achaca la cresta de la tercera ola a la relajación de las restricciones sanitarias durante las navidades y lamentan que «una vez más» han vuelto a «pagar el pato». «Son otras cosas lo que provoca que estemos como estamos ahora», denunciaron la semana pasada. La Justicia les ha dado la razón y, por el momento, volverán a levantar la persiana.
Comentario: Es una gran noticia que los jueces hayan puesto freno a las medidas represivas y sinsentido de la casta de parásitos políticos que gobierna España. La reapertura de la hostelería vasca marca el camino a bares y restaurantes del resto de España, en Castellón la hostelería no aguanta más y dice que abrirá el 16 de febrero.