El endeudamiento de las Administraciones aumentó el año pasado a la mayor velocidad en la democracia.
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© Kike ParaAmbiente en la madrileña calle de Alcalá, con el edificio que alberga el Banco de España, al fondo.
La deuda de las Administraciones Públicas cerró 2020 en los 1,311 billones de euros, una cantidad equivalente al 117,1% del PIB, según el avance publicado este miércoles por el Banco de España. La pandemia ha infligido un golpe brutal sobre la economía que se ha compensado con un fuerte aumento del gasto público y, por tanto, del endeudamiento.

Gracias a los ERTE y las prestaciones de paro, las rentas de los hogares han caído menos de la mitad de lo que se ha hundido el PIB. Pero el reflejo está en una carga de deuda pública que se dispara: en solo un año ha aumentado en 122.000 millones de euros, prácticamente lo que se gasta la Seguridad Social en pensiones en un año. Es el tercer mayor incremento de deuda en euros producido en el periodo de la democracia, según la serie del Banco de España. En 2012, la deuda aumentó en 146.000 millones en medio de la crisis del euro y tras pedir el rescate financiero. En 2009, con el estallido de la crisis financiera, el derrumbe de la construcción y el plan E, los pasivos de las Administraciones se dispararon en 128.000 millones de euros.

Al haberse desplomado la actividad un 11% durante el año pasado, la deuda con relación al PIB sufre el mayor aumento de la historia de la democracia. Escala en 21 puntos de PIB. Habría que remontarse a 1869, en plena crisis agraria, ferroviaria y bancaria tras la Revolución Gloriosa, para encontrar un incremento de deuda superior, del 30%, según los datos compilados por el historiador económico Francisco Comín con el PIB calculado por el economista Leandro Prados de la Escosura. Ni siquiera en 2009 se produjo un alza igual. Entonces el PIB cayó menos y la deuda se elevó en casi 14 puntos. En 2012, tras pedir el rescate financiero, subió en 16 puntos.

La deuda se suele medir en relación con el PIB porque es la forma de calibrar la capacidad de pago del país. El endeudamiento de las Administraciones no alcanzaba cotas del 117% del PIB desde el año 1902, cuando tocó el 128% del PIB por las consecuencias de la Guerra de Cuba y la crisis global de los precios agrarios. Y al año siguiente, en 1903, descendió al 114% después de cancelar una parte de la deuda que tenía el Estado con el Banco de España, explica Francisco Comín.

No obstante, académicos prestigiosos como el execonomista jefe del FMI Olivier Blanchard defienden ahora que con las perspectivas de tipos bajos enquistadas durante más tiempo puede ser sostenible un nivel de deuda más alto. De hecho, el año pasado la mitad de las emisiones del Tesoro tuvieron tipos negativos, es decir, el Estado cobró por colocar deuda entre unos inversores que no tienen suficientes activos seguros donde poner su liquidez. Las compras del BCE por la pandemia explican que esto ocurra. El eurobanco adquirió el año pasado en el mercado secundario un importe equivalente a todo el aumento de deuda que ha registrado España. Muchos economistas advierten de que este endeudamiento es muy elevado y que deja a la economía española muy expuesta a cualquier shock o turbulencias en los mercados. Bastaría con que el BCE tuviese que dejar de comprar tanto para notarlo en el interés de las refinanciaciones. De ahí que tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal hayan reclamado en reiteradas ocasiones que se prepare un plan a medio plazo para reconducir las cuentas públicas una vez haya pasado la pandemia.

Los intereses de la deuda pública se sitúan en unos 26.000 millones de euros y representan la tercera mayor partida del Estado tras las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Hace ocho años la factura estaba en los 35.000 millones y amenazaba con dispararse todavía más. De ahí la necesidad de los ajustes. Hasta que Mario Draghi intervino con su frase "haré lo que sea necesario", reduciendo los diferenciales de tipos de interés entre países, las llamadas primas de riesgo.

El Gobierno ha intentado que la deuda no alcance el 120% del PIB. Y eso explica la timidez con las ayudas directas. Solo el coste de los ERTE y las prestaciones de autónomos ascendió el año pasado a casi 40.000 millones de euros. Aun así, antes de la covid-19 ya había un problema con las cuentas públicas. Estas cerraron en 2019 con un déficit público que bordeaba el 3% del PIB tras seis años de crecimiento ininterrumpido. Ni la bajada de impuestos de Rajoy, ni los viernes sociales de Sánchez, ni la dinámica de las pensiones han ayudado a cerrar el agujero presupuestario. Como explica Comín, España ha tenido siempre un problema para conseguir superávits presupuestarios. Salvo algunas épocas de la dictadura de Franco y con Fernández Villaverde de ministro allá por principios del siglo pasado, el Estado español casi nunca ha encadenado superávits. El Gobierno de Zapatero lo consiguió durante unos pocos años, pero la crisis de 2008 demostró que estaba basado en una recaudación inflada por la burbuja.

El reto de ajustar

A lo largo de la historia reciente de España, la reducción de deuda sobre PIB se ha podido hacer por hasta cuatro vías: una, a fuerza de planes de convergencia con Europa y privatizaciones como hicieron los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar. Solo que ahora el potencial de la economía para crecer es bastante bajo sin reformas y queda muy poco que el Estado pueda poner a la venta. Dos, aumentando la deuda privada, lo que elevaba el PIB y disminuye el peso de la deuda, tal y como ocurrió durante los mandatos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, en estos momentos la deuda privada es tan elevada que no deja margen para esta opción.

La tercera vía consiste en imprimir billetes y crear inflación, algo que ya no se puede hacer desde Madrid porque ese poder se encuentra en Fráncfort, en manos del Banco Central Europeo. Y la cuarta posibilidad es reestructurar la deuda como hizo, por ejemplo, Felipe II o los ministros Salaverría, Camacho o Fernández Villaverde. Una práctica que suele disparar los intereses a la hora de volver a endeudarse y que tampoco depende del Gobierno de España en la medida en que pertenecemos al club del euro. Ahí se ha impuesto la doctrina de Alemania, que para reequilibrar las cuentas ha exigido al sur de Europa una consolidación fiscal y una devaluación interna que recobre la competitividad y permita, poco a poco, ir pagando las deudas. Desde luego, se trata de un proceso que se antoja bastante más arduo y lento y que ha sido interrumpido temporalmente por la pandemia.

Eso sí, esta vez la solidaridad europea ha permitido que España cuente con fondos para poder aumentar la inversión y elevar el crecimiento con el fin de poder financiar estas deudas. Por eso, los expertos advierten que España se juega mucho con estos recursos y necesita invertirlos bien.

La importancia de mantener la credibilidad

El Ministerio de Economía se congratula de que la deuda se haya quedado por debajo del 118,8% estimado en Presupuestos. Y lo achaca a que la economía se comportó mejor en el segundo semestre de 2020. También destaca que el grueso del incremento se ha dado en el Estado central como consecuencia de ayudas como los ERTE y de los 16.000 millones transferidos a las comunidades para cubrir gastos derivados de la pandemia.

La diferencia respecto a la anterior crisis es que esta vez Europa reaccionó rápido. Dicho esto, es esencial mantener la credibilidad ante los inversores. "La mera llegada de Draghi al Ejecutivo italiano ha bajado mucho su prima de riesgo. Y no ayuda enviar mensajes fuera diciendo que no se quieren pagar las deudas como la petición al BCE de condonarlas", subraya Comín.