El PSOE, Vox, Unidas Podemos y ERC rechazan la propuesta de Cs, apoyada solamente por PP, UPN y Foro Asturias.

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© Europa Press/E. Parra
Portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, interviene durante una sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados
Hace un mes, el Gobierno logró convalidar por los pelos, y gracias a la abstención de Vox, el real decreto con el que se simplifican los trámites para la llegada de los fondos europeos pero se centraliza al tiempo todo el poder y control en Moncloa. Hoy, ante el debate de la única enmienda a la totalidad presentada por Ciudadanos, el Ejecutivo ha disfrutado de una posición mucho más holgada por lo que el proyecto de ley de gestión de estos fondos sigue adelante en su proceso de tramitación. PSOE, Unidas Podemos y socios parlamentarios como ERC o Bildu, además de Vox, han rechazado así la creación de una agencia independiente con la que regular la gestión de los fondos europeos que, por contra, solo ha sido apoyada por PP, UPN y Foro Asturias.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha arremetido contra esta ley y ha asegurado que impone «un criterio político» a la hora de repartir el dinero con el objetivo de «mantener al Gobierno en el poder». «España importa menos, lo que importa es sostenerse en el poder», ha espetado Bal durante la defensa de la enmienda.


Comentario: Lo que denuncia Bal es cierto, pero él y su partido estatal harían lo mismo si pudieran. Los partidos estatales luchan por tener más capacidad de corrupción y robos al acceder a los fondos europeos.


La propuesta de Ciudadanos contemplaba que esta agencia estuviera compuesta por el Consejo Ejecutivo de la autoridad la Secretaría de Estado de Economía (dependiente de la vicepresidencia de Asuntos Económicos), la Dirección General de Fondos Europeos (dependiente de Hacienda), y los presidentes de la CNMV, la CNMC y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el gobernador del Banco de España.

Además, el consejo los completarían otros trece miembros independientes, cinco procedentes de la sociedad civil, cuatro del sector académico y cuatro más del mundo empresarial. Además, seis de estos sillones se designarían por las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y por as Cortes Generales a través de la Comisión Mixta para las relaciones con la UE.

El partido naranja proponía que la presidencia fuera elegida por una mayoría de tres quintos en esta mismo comisión, que debería examinar además la idoneidad del candidato entre los aspirantes propuestos por el consejo de ministros. En concreto Cs planteaba que fuera una persona «de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materia de análisis presupuestario, económico-financiero y gestión de proyectos».

Y es que lejos de un comité de expertos de reconocido prestigio, como han puesto en marcha países vecinos como Italia o Francia, y como había propuesto también el PP, la comisión que dirigirá los fondos en España y que centralizará su control desde la Presidencia, ha sido diseñada para limar las asperezas que generó en el vicepresidente Pablo Iglesias el primer borrador de este decreto, que le mantenía fuera de la estructura interministerial.

El texto original contaba con hasta once ministerios, incluidas las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera, pero no con Iglesias y solo incluía la cartera de Yolanda Díaz entre las del ala morada del Gobierno. Finalmente serán todos los ministros, también Iglesias, quienes gestionarán y ejecutarán en maná europeo.


Comentario: Ninguna sorpresa. Y la supuesta alternativa de un "comité de expertos" también sería designado por la partidocracia antidemocrática.


El PP, que sí ha respaldado la propuesta, ha avanzado que también impulsará una ley para impulsar una autoridad independiente aunque ha criticado que la regulación propicie más consorcios públicos y sociedades mixtas. Vox por su parte, ha insistido en su rechazo a la propuesta de Cs porque «pone en riesgo» la llegada de los fondos, al retrasarlos. Iván Espinosa de los Monteros, su portavoz, ha avanzado además que su formación se asegurará de que los proyectos no vaya a «terceros países», no propicien la inmigración ilegal, se elimine «la ideología de género», y que el 80% de los recursos acaben en pymes y autónomos.