La rápida evolución de la segunda ola de la covid-19 en Argentina, que está dejando récord de contagios y generando tensiones en los hospitales, ha llevado al Gobierno a prohibir la circulación de personas por la noche en Buenos Aires y su populosa periferia, pero también a cerrar las escuelas, contra lo que el alcalde de la capital presentará un amparo en la Justicia.

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© Agustín Marcarian / ReutersUna trabajadora de la salud ofrece gel desinfectante a dos jóvenes en el exterior del Teatro de Colón en Buenos Aires, el martes.

Una situación que se da mientras avanza lentamente la vacunación, con apenas el 11,3 % de la población inoculada con la primera dosis y el 1,68 % con la segunda.

Desde este viernes y hasta el 30 de abril, en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que aglutina a unos 15 millones de habitantes -más del 30 % de la población argentina-, se prohibirá circular entre las 20.00 y las 06.00 horas, cuatro horas más que el toque de queda que rige desde hace una semana.

También se suspenderán las actividades sociales, deportivas o religiosas en lugares cerrados; los 'shopping' no podrán abrir en todo el día y el resto de comercios deberán cerrar a las 7 de la tarde.

Además, las clases escolares serán virtuales desde el lunes durante dos semanas, solo dos meses después de que se retomara la presencialidad tras casi un año de escuelas cerradas.

OPOSICIÓN A LAS RESTRICCIONES

Las medidas, anunciadas en la noche del miércoles por el presidente Alberto Fernández generaron controversia con el principal grupo opositor y provocaron protestas ciudadanas.

Incluso el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, que mantiene fuertes diferencias con su par, ironizó en Twitter: «Ejército argentino en las calles para mantener a la gente en casa, toque de queda entre las 20.00 y las 8.00 horas (sic). Buenos días a todos».

Respondiendo al tuit, el ministro argentino de Defensa, Agustín Rossi, aclaró que el Ejército no hará controles ciudadanos sino que, durante el día, como ya ocurrió en 2020, militares desarmados realizarán tareas de asistencia sanitaria.

«Hace falta que de una vez por todas entendamos el riesgo en el que estamos. (...) Las medidas que propuse son medidas que se están aplicando en todo el mundo», dijo hoy Fernández al retomar su actividad habitual tras recuperarse del coronavirus, del que se contagió dos meses después de vacunarse.

En declaraciones a Radio 10, y al referirse a los efectos en las economías familiares del país, que arrastra tres años en recesión, remarcó que el Gobierno no deja a la gente a «la intemperie» y anunció un nuevo subsidio de 15.000 pesos (161 dólares) para los beneficiarios de planes sociales.

En diversos barrios y frente a la residencia presidencial, grupos de vecinos protestaron contra las medidas con cacerolazos, e incluso se impulsó la recogida de firmas virtuales en change.org contra el cierre de clases.

AMPARO JUDICIAL

El alcalde de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, que durante toda la pandemia mantuvo una relación cercana con Fernández para consensuar las medidas, denunció hoy con rotundidad, en una rueda de prensa, que esa dinámica de diálogo «se rompió» tras la toma unilateral de decisiones por parte del mandatario.

«No se resuelve esto con medidas sorpresivas e inconsultas, sino teniendo un plan de vacunación rápido y transparente», lanzó en referencia al escándalo surgido en febrero por la vacunación 'VIP' a personas cercanas al poder.

El alcalde dijo que cumplirá las restricciones por ser un decreto presidencial, pero rechazó la participación del Ejército y las fuerzas federales en la ciudad, que cuenta con su propia Policía, y especialmente la suspensión de clases por las «devastadoras consecuencias» que tuvieron las escuelas cerradas en 2020.

Por esta razón, pidió al presidente mantener hoy una reunión para lograr un acuerdo y no cancelar la presencialidad, y adelantó que se presentará un amparo ante el Supremo contra la medida.