EE.UU. culpa a individuos de estar involucrados en actividades terroristas y los obliga a realizar trabajos contra su voluntad bajo amenaza de sanciones y otras medidas coercitivas.
China Wang Wenbin
© Greg Baker / AFP
Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, aseguró durante una rueda de prensa el pasado lunes que "nadie merece la etiqueta de 'trabajo forzado' más que EE.UU.".

El vocero hizo esa declaración al comentar las recientes afirmaciones de un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU, que consideran que el programa antiterrorista estadounidense 'Recompensas por la justicia' infringe los derechos humanos de las personas a las que se dirige.

Alena Douhan, la relatora especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, indicó que en el marco del programa — que autoriza conceder recompensas por información que conduzca a la detención o la condena de cualquier persona vinculada con el terrorismo — EE.UU. acusa a individuos de participar en actividades terroristas y los obliga a implementar tareas contra su voluntad, amenazándolos con sanciones y otras medidas coercitivas. En su opinión, esta práctica se puede definir como 'trabajo forzado' conforme a la Organización Internacional del Trabajo.

"Tales acciones violan el derecho de personal relevante a trabajar, a la libertad de movimiento, la reputación y la vida. Van en contra del espíritu humanitario y la ley internacional", señala el portavoz chino.

"EE.UU. ha difundido repetidamente afirmaciones falsas de 'trabajo forzado' en Xinjiang, pero los hechos han demostrado que nadie merece más la etiqueta de 'trabajo forzado' que el propio EE.UU.", dijo Wang Wenbin, que llamó al país norteamericano a examinar sus propios problemas de derechos humanos y a tomar medidas para abordarlos.

EE.UU., la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá han introducido sanciones contra China para hacer frente a las supuestas violaciones de derechos humanos que tienen lugar en la provincia Xinjiang. Sin embargo, Pekín niega que en esa región autónoma se infrinjan los derechos de la población y exhorta a los gobiernos de otros países a dejar de interferir en sus asuntos internos.