La subida de impuestos que ha comprometido Pedro Sánchez en la UE no se limitará a los peajes, tributos ecológicos o impuestos sobre los vuelos, tal y como afirma la versión oficial. La subida que prepara el Gobierno será global y afectará a la totalidad de contribuyentes porque, en caso contrario, será imposible alcanzar el compromiso de subida de impuestos que reconoce el propio Ejecutivo socialcomunista en su documento remitido a la Comisión Europea.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y es que ese compromiso oficial asciende a 7 puntos del PIB. Es decir, casi 80.000 millones de euros en incremento de impuestos. Un impacto equivalente a casi todo un nuevo IRPF pagado por todos los españoles a lo largo de todo un año. Un castigo de nada menos que 78.518 millones de euros.

El documento remitido a Bruselas alude a la menor presión fiscal española comparada con los países de su entorno. Y subraya la meta de alcanzar esa equiparación: «Se va a emprender una reforma del sistema tributario, para garantizar un flujo de recursos que permita responder a las necesidades de gasto e inversión, contribuyendo a la reducción del déficit estructural y al mantenimiento del Estado de bienestar, acercando la presión fiscal de España a la media de los países de la zona euro e incorporando las mejores prácticas internacionales", señala sin miramientos el documento que plasma el "Plan de recuperación, transformación y resiliencia".

El texto añade que "así, además de llevar a cabo algunos ajustes en los impuestos (con una revisión en profundidad de las múltiples exenciones y bonificaciones existentes), se pretende modernizar el sistema fiscal, adaptándolo a la realidad del siglo XXI, y en particular para hacer frente a los retos derivados de la digitalización y la transición ecológica. En el ámbito tributario se pretende también conseguir un sistema fiscal más eficiente en la lucha contra el fraude, para evitar nuevas formas de fraude fiscal, incrementar la eficacia del control tributario e incentivar el cumplimiento voluntario por el contribuyente de sus obligaciones tributarias. Con todo ello, se trata de avanzar hacia un sistema tributario suficiente y más eficiente, equitativo y justo, y que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas".

Presión fiscal

Lo que no explica el documento es el impacto de semejante afirmación. Pues bien, España, debido al mayor paro estructural y a la economía sumergida -que nunca han conseguido solventar ningún Gobierno por medio de subidas de impuestos- cuenta con un pago conjunto de toda la población y empresas nacionales equivalente al 39% del PIB, según datos cerrados de 2019. Ese dato es lo que se denomina presión fiscal. Y la media de la UE, gracias al menor fraude y al mayor porcentaje de población que trabaja y paga impuestos en mayor cuantía, se sitúa en una presión fiscal del 46% en ese mismo 2019.

Traducido: elevar la presión fiscal en esos 7 puntos supone en España, una subida de la recaudación por impuestos de casi 80.000 millones de euros.
Las cifras son reveladoras: el PIB cerró el año 2020 en 1.121.698 millones de euros (1,12 billones). Y el 7% de esa cifra asciende a nada menos que 78.518,86 millones de incremento fiscal. O el Gobierno de Sánchez es capaz de ampliar la cifra de contribuyentes, o, por definición, ese incremento de recaudación lo será de impuestos sobre los hombros de los mismos pagadores de siempre.

El volumen de la subida del castigo fiscal es fácil de comparar: los Presupuestos de 2021 recogen un avance de liquidación en 2020 de 87.419 millones de euros en concepto de IRPF y de 63.399 millones por todo el IVA pagado por todos los españoles. El nuevo golpe fiscal, de este modo, se encontraría a mitad de camino entre un IVA y un IRPF anual. Es literalmente imposible cumplir ese compromiso ante Europa tocando sólo impuestos menores. La subida que se ha pactado, por lo tanto, deberá tocar la práctica totalidad del esquema impositivo español.

La cifra de impuestos, además, es sospechosamente coincidente con otra. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado un comité de expertos comandado por dos ex altos cargos del Gobierno del PSOE de Rodríguez Zapatero para subir los impuestos de los madrileños. Los dos 'independientes' tienen en su mano buena parte de los trabajos para elevar en Madrid el Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.

El comité está presidido por el catedrático Jesús Ruiz-Huerta, principal impulsor de las reformas que se alumbren en ese organismo. Y él ha defendido en un estudio publicado en 2015 que España tiene un amplio margen para subir impuestos: nada menos que entre 6 y 7 puntos del PIB hasta igualar la media de la UE: una subida que equivaldría, de nuevo, a esos casi 80.000 millones de euros.