La prohibición, que entró en vigor el 1 de septiembre, no contempla excepciones para casos de violación o incesto, únicamente para casos de emergencias médicas.
Merrick Garland
© Leah Millis / Reuters
El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, anuncia una demanda contra Texas, Washington, EE.UU., el 9 de septiembre de 2021.
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó este jueves una demanda legal contra el estado de Texas, pidiendo a un tribunal federal declarar nula la restricción legal del aborto en la entidad territorial.

En el documento divulgado por Politico, los abogados de Washington afirman que la ley S.B. 8 de Texas contraviene una norma constitucional de 1992, que establece que "un estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de terminar su gestación antes de la viabilidad".

Al resaltar que la legislación en cuestión "impide que las mujeres de Texas ejerzan sus derechos constitucionales", la demanda la califica como "privación flagrante de derechos" e indica que "hasta ahora, la ley ha tenido el efecto deseado".


Comentario: Este es un tema que se podría debatir por mucho tiempo, lo que no se puede debatir es que a la administración de Joe Biden le importan muy poco los derechos de las personas para decidir que hacer con su cuerpo, evidenciado por sus mandatos obligatorios sobre las vacunas para todos los empleados federales.


"Hasta la fecha, los proveedores de servicios de aborto han dejado de brindar servicios prohibidos por S.B. 8, dejando a las mujeres en Texas privadas de manera inaceptable e inconstitucional de los servicios de aborto", señala.


La prohibición, que entró en vigor el 1 de septiembre, no contempla excepciones para casos de violación o incesto, únicamente para casos de emergencias médicas. Es parte de una serie de restricciones del aborto, promovidas por la campaña 'latido del corazón' y recientemente promulgadas por gobernadores republicanos, que a diferencia de las leyes antiaborto de otros estados, prohíbe a los funcionarios estatales hacerla cumplir y, en cambio, permite a cualquier persona denunciar a los proveedores de estos servicios o a cualquiera que ayude a una mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo después del plazo establecido.