Los gobiernos de los Estados republicanos se han unido en una demanda colectiva sin precedentes para judicializar el decreto que obliga a millones de estadounidenses a vacunarse contra el coronavirus.
© Drago/Bloomberg via Getty ImagesKristi Lynn Noem, gobernadora de Dakota del Sur
Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que
la inoculación contra el coronavirus será obligatoria para 100 millones de trabajadores,
los gobernadores de los Estados republicanos se unieron para tomar medidas legales contra la medida.
A través de sus fiscales generales, la mayoría de los Estados presididos por gobernadores pertenecientes al Partido Republicano comenzaron a moverse en torno a las acciones legales para
impedir que entre en efecto la orden ejecutiva de Biden, que obligará a todas las empresas de más de 100 empleados, a los trabajadores de la salud y a los trabajadores federales a darse la vacuna contra el coronavirus, enfrentando multas de hasta 14.000 dólares si no lo hacen.
A pesar de que los gobernadores republicanos no suelen estar muy unidos, especialmente entre los que siguen más al establishment republicano y los que siguen la nueva línea trumpista,
esta vez han puesto de lado sus diferencias y lucharán todos juntos en una demanda colectiva presentada ante la Corte Suprema para frenar este avasallamiento a nivel federal de los derechos estatales.
El
fiscal general de Arizona,
Mark Brnovich, a la par del gobernador
Doug Ducey, anunció que está evaluando todas las posibilidades legales a tomar para defender la soberanía del Estado y tomar las decisiones respectivas al sistema de salud por sus propios medios. A su vez, en la misma sintonía,
el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, ya emitió varias demandas en contra de la administración federal y continuará evaluando las opciones legales que posee.
Casi al unísono los fiscales generales de los Estados de
Georgia y
Arkansas,
Chris Carr y
Leslie Rutledge,respectivamente, anunciaron que se encontraban listos para defender la soberanía de su Estado y la de sus ciudadanos, mientras que el fiscal general del Estado de
Indiana,
Todd Rokita, se refirió a las acciones de Biden como aquellas tomadas por
"un dictador de una república bananera".
Desde el Estado de
Missouri, el fiscal general
Eric Schmitt tuiteó que el mandato emitido por Biden no será aplicado en su territorio y darán pelea frente a la medida, en sintonía con el gobernador del Estado
Mike Parson y
el senador Josh Hawley, quien además envió un petitorio al secretario de trabajo,
Martin Walsh, para que ordene el cese de la medida.
Por su parte, la gobernadora del Estado de Dakota del Sur,
Kristi Noem, una de las más vocales en contra del gobierno demócrata, anunció que están preparados para demandar personalmente al presidente Biden por su
"medida dictatorial". Noem cuenta con el apoyo de la mayoría del arco político del estado norteño, e incluso de algunos partidarios demócratas.
A su vez el gobernador
Kevin Stitt de
Oklahoma, anunció que la medida de Biden es una violación de los derechos individuales, así como también a los derechos de los Estados y también harán su caso judicial.
El gobernador de
Texas,
Greg Abbott, estalló contra Biden señalando que el decreto representa un asalto a las empresas privadas, y a través del Fiscal General del Estado,
Ken Paxton, ya se encuentran tomando acciones legales para frenar la dictatorial ordenanza del presidente.
Otros gobernadores que también anunciaron medidas legales contra Biden fueron Tate Reeves (
Mississippi), Henry McMaster (
Carolina del Sur), Kim Reynolds (
Iowa), Kay Ivey (
Alabama), Pete Ricketts (
Nebraska), Mike Dunleavy (
Alaska), Brad Little (
Idaho), Mark Gordon (
Wyoming), Doug Bargum (
Dakota del Norte), Bill Lee (
Tennessee), Spencer Cox (
Utah), Chris Sununu (
New Hampshire) y Mike DeWine (
Ohio).
Además de los gobernadores, el
Comité Nacional Republicano (RNC) también anunció que planea denunciar a Joe Biden y a la administración por el decreto inconstitucional, a través de su presidente,
Ronna McDaniel, quien anunció que tan pronto el decreto autoritario se ponga en efecto se emitirá una demanda.Una unión así de gobernadores en contra del presidente nunca había ocurrido en la historia del país, y marca un antes y un después en la historia democrática de Estados Unidos. Probablemente todos estos casos terminen en la Corte Suprema, y será el máximo tribunal del país, actualmente dominado por los republicanos, los que deberán decidir.
Pero no contemos con que esos políticos que van a denunciar al Biden son defensores del pueblo . Más me creo que, tras año y medio de dictadura, ya no tengan más remedio que hacer algo si quieren guardar las apariencias ante su electorado. Porque siguen sin pedir abortar la campaña de "vacunación" que está matando a la población; tan sólo quieren que no sea obligatoria.
Ahora pueden pasar muchas cosas. Y una de ellas es que, dada la gravedad de lo ocurrido, acaben por simular que condenan a políticos, responsables y cargos de todo tipo. Digo simular, porque a menudo estos juicios y procesamientos (en España lo sabemos bien) son más fingidos que otra cosa: los condenan a 20 años, que en apelación se convierten en 10, luego en 5, entran en la cárcel (donde los tratan a cuerpo de rey), y al año los sueltan argumentando buena conducta, arrepentimiento... etc.
Pero tengamos clara una cosa : caso de llegar a esto, los procesos judiciales no se los harán a los verdaderos culpables . Los de más arriba, los verdaderos cerebros de la operación, esos se irán de rositas : Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, Soros, Zuckerberg... y el resto de archirricos.
Y si se van de rositas, no me cabe ninguna duda de que, tarde o temprano, ellos o sus herederos, nos lo volverán a hacer .